Dirigente del Movimiento Antorchista Nacional
Resulta imposible no hacerse cargo de la racionalidad del presidente Felipe Calderón cuando nos llama a la unidad nacional, por encima de diferencias políticas, para ganarle la guerra al crimen organizado. ¡Urge combatir con todo, dice el mandatario, a quienes violan reiteradamente la ley y ponen en riesgo la estabilidad de nuestro Estado de Derecho! De su discurso puede deducirse, sin mucho esfuerzo, que según él, el daño más grave que puede infligirse a la paz y a la tranquilidad de los mexicanos es la transgresión de las leyes, el desacato y el desafío a las mismas, sobre todo si son reiterados y flagrantes. Y es aquí donde brota la candente cuestión: ¿son los delincuentes declarados los únicos que violan la ley? ¿Son ellos los únicos que la desprecian y le pasan por encima con tal de lograr sus fines, sean éstos legítimos o no? ¿Son ellos los únicos que minan y deterioran la autoridad y la credibilidad que tanto necesita el Estado de Derecho para ser respetado por todos? Me atrevo a afirmar que cualquier mexicano medianamente politizado diría que no. Es del dominio público que, en nuestro país, la violación descarada y sistemática de la ley es cosa de todos los días, y que, paradójicamente, quienes con más frecuencia lo hacen no son los delincuentes comunes, sino quienes tienen suficiente poder, dinero o ambas cosas, para ponerla a su servicio, y quienes han sido encargados por la sociedad de su custodia y aplicación, que son los que la rematan al mejor postor.
Doy el ejemplo concreto de lo que ocurre en Querétaro. Allí, violando cínicamente las leyes (humanas y divinas), se mantiene encarcelados desde hace más de cuatro meses a 13 campesinos, a su dirigente social Rubén del Río Alonso y a su defensora legal, licenciada Yesenia Valdez Flores; y pesa orden de detención contra el dirigente antorchista en el estado, Profesor Jerónimo Gurrola Grave. No sólo se trata de gente con un público y notorio modo honesto de vivir, de ciudadanos totalmente pacíficos, honorables y trabajadores cuya conducta social, política y moral son y han sido siempre inobjetables; sino, además, hablando de los 13 labriegos, de mexicanos pobres que ganan el sustento diario, propio y de sus familias, en las rudas faenas del campo que, a pesar de su dedicación y esfuerzo, apenas les dan para mal vivir. Y todos ellos están presos, y son tratados en la cárcel con una dureza que no se aplica a secuestradores, traficantes y violadores, por haber tenido la “mala” idea de defender un pozo, propiedad legítima de su comunidad, de los intentos de despojo de un vivales que es, para más señas, cuñado del Secretario General de Gobierno en Querétaro, Alfredo Botello Montes.
Pues bien, la primera violación descarada de la ley se cometió al haber distorsionado los hechos para poder acusarlos de motín, peligro de devastación y resistencia de particulares, cuando todo lo que hacían era montar guardia pacífica cerca del pozo de su propiedad. A esto el pueblo de México lo llama fabricar culpables a base de delitos inventados. La segunda violación flagrante de la ley consistió en que el juez octavo de distrito, a pesar de ser evidente el carácter burdo e insostenible de las acusaciones, dictó el auto de formal prisión en su contra. Los abogados de los presos apelaron ante el Tribunal Colegiado de Circuito y ganaron un amparo que, en esencia, ordenaba su libertad. Según el derecho procesal mexicano, contra tal amparo sólo puede apelar el Ministerio Público, pero, para enseñanza y edificación de todos los penalistas del país, quien se inconformó fue nada menos que el propio juez que había dictado el auto de formal prisión. El recurso, por suerte, fue desechado porque, según jurisprudencia aplicable al caso, resulta “notoriamente improcedente”; pero el “impartidor de justicia”, sin inmutarse, repitió la misma argucia desechada ahora en contra de la licenciada Yesenia Valdez, cuyo juicio corre separado al de los 14 presos restantes y, además, en un nuevo y descarado desacato a la letra y al espíritu del amparo, en vez de poner en libertad a los beneficiados, sencillamente cambió los delitos anteriores por el de “despojo agravado” y, sobre esa base, dictó un nuevo auto de formal prisión. Los detenidos, pues, seguirán en la cárcel.
Este hecho, esta sucia e indigna actitud del poder judicial en Querétaro al servicio del gobernador panista Garrido Patrón (que no es nueva, además, sino una calca de los mismos atropellos que cometieron contra Cristina Rosas Illescas), demuestran la verdad de lo que dije más arriba. No sólo los criminales declarados violan la ley, sino también los poderosos y quienes la venden al mejor postor. De ahí la pregunta: ¿quién causa más daño y desprestigio al Estado de Derecho, a cuya preservación nos convoca el Presidente, los criminales profesionales o quienes, disfrazados de ciudadanos honorables, trafican con ella y la prostituyen para ponerla al servicio de sus inconfesables intereses? Anda por allí una larvada polémica entre quienes dicen que el crimen organizado cuenta con una importante simpatía popular, y quienes, escandalizados, lo niegan rotundamente y acusan a los primeros de apología del crimen. Yo no creo, sinceramente, que el pueblo honrado y trabajador apoye los horrores del narcotráfico y el secuestro; no significativamente al menos. Pero estoy seguro de que ese mismo pueblo se resiste a conceder su apoyo inmediato e incondicional al Presidente de la República, porque siente desprecio y desconfianza ante la hipocresía, la incongruencia, el doble discurso y la doble moral de jueces y funcionarios como los de Querétaro.
No nos han dejado opción: saldremos de nuevo a la calle a demandar justicia para el pueblo. “¡Ahí vienen de nuevo los antorchos!” dijo en su noticiero nocturno Ciro Gómez Leyva, con un tonito de ¡Ahí viene Atila y sus hunos! o de ¡Aníbal ad portas! Por mi parte, prevengo a la opinión pública y a mis compañeros de lucha: ¡Ahí viene Ciro Gómez Leyva y consortes, más dispuestos que nunca a repetir sus ataques, acusaciones falsas y demandas de desalojo, para defender los sagrados intereses de quienes les pagan y les dan el poder mediático que ostentan!
