Por Shanik David
La Comisión Nacional del Agua presentó una denuncia ante la delegación de Puebla de la Procuraduría General de la República en contra de un parque industrial de la entidad por descargar aguas residuales sin tratar y sin permiso al río Atoyac.
Sin embargo, dado que el caso está en investigación por parte de las autoridades federales, ya que se tiene abierta la carpeta de investigación, no se proporcionó el nombre del parque industrial responsable de estas descargas.
Esta es parte de la información que la Conagua entregó a la Cámara de Diputados en respuesta a un exhorto que se aprobó en marzo pasado, por medio el cual se le requería tanto a la comisión como a la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que presentaran un informe sobre las acciones tomadas para atender el grado de contaminación del río Atoyac a su paso por 50 municipios de Puebla y Tlaxcala.
A poco más de tres meses de que se aprobó el exhorto, la Conagua reportó sólo dicha denuncia penal por la contaminación del afluente en la zona de Puebla, mas no se indican sanciones directas hacia los ayuntamientos.
De manera sintetizada, el reporte que se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, señala que desde el 6 de julio de 2011, cuando se publicó la Declaratoria de Clasificación de los Ríos Atoyac y Xochiac o Hueyapan y sus afluentes, se han hecho 221 visitas de inspección a diferentes puntos de la zona del río.
De éstos, sólo en 83 ocasiones se emitieron acuerdos de conclusión de visita “por no encontrarse infracciones a la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento”.
En cambio, se han impuesto multas por 11 millones 746 mil 115 pesos derivadas de 108 resoluciones administrativas, aunque de estas sanciones sólo se han pagado 2 millones 718 mil 33 pesos.
Además, se iniciaron nueve procedimientos administrativos y se declararon igual número de suspensiones de actividades “que dan origen a la descarga de aguas residuales”.
Estas no serían las únicas sanciones, pues a la fecha del reporte que se envío al legislativo faltaban por clasificar 21 actas de visita, es decir, estaba en proceso de determinarse si se habían incurrido en faltas y la gravedad de las mismas.
Pese a esto, el reporte no específica cuáles de las sanciones se aplicaron en Puebla y cuáles en Tlaxcala, ni el giro de los sancionados, si son entidades de gobierno, ayuntamientos o empresas.
