La aplicación de la ley que obliga a los medios de comunicación (televisión y radio) a transmitir -de manera gratuita- los spots de campaña para las próximas elecciones ha generado en los concesionarios, que no son dueños de las estaciones, otra de las reacciones viscerales a la que nos tienen acostumbrados, desde que se suscitó el famoso debate público entre ellos y los concesionarios.
El mismo día en que iniciaron las trasmisiones, conductores de radio y televisión iniciaron la sucia campaña en contra del Estado; en el caso de las televisoras, sin razón alguna, previo a los spots del IFE y de los partidos, se anunció la suspensión de los programas, por indicaciones del Estado; según ellos, en un claro propósito de predisponer al tele auditorio y, poder así, lograr que esta ley desaparezca, aduciendo que el pueblo la rechaza.
En el caso de las estaciones de radio, se dieron a la tarea de instalar a senadores de los distintos partidos políticos, para prácticamente obligarlos a reconocer que había sido un error la aprobación de esta ley. Contrario a lo que se esperara en un estado de derecho (estado al que tanto apelan esos mismos comunicadores y sus patrones, cuando se trata de una manifestación pública, llámese marcha o plantón), en el que, el Estado -en uso de sus facultades- los obligue a acatar la ley; los senadores han tenido que ir retrocediendo y no dudo que, más tarde que temprano, alguno de ellos proponga la derogación de esa ley, fin último de las maniobras mediáticas de la radio y de la televisión.
Ante esta posibilidad me pregunto: ¿Quién verdaderamente desafía al poder del Estado? ¿A quién verdaderamente se le debe aplicar la ley? ¿A los que se manifiestan públicamente un día o semanas, incluso años, porque el gobierno no cumple con una de sus tareas fundamentales, como dotar de bienes y servicio a sus gobernados, y a quienes varios comunicadores y líderes satanizan y buscan -por todas las vías- que la opinión pública los repudie? ¿A los que, sabedores del poder económico y mediático que detentan, se enfrentan al Estado para obligarlo a olvidarse de que éste es el verdadero dueño de los tiempos aire en televisión y radio, y recular en la idea de ocuparlos para educar en materia democrática a la gente?
No conformes con este desafío, y sabedores de quién realmente puede hacer qué, el Congreso y los partidos renunciaron a tan “brillante idea”; llevan más de dos semanas predisponiendo al público, para, seguramente en un mediano plazo, invitarlo a manifieste abiertamente su repudio a tal ley. Ante esta situación ¿por qué el Estado no hace valer su autoridad?, ¿dónde están los analistas políticos que manifiestan abiertamente su rechazo a esta actitud de los empresarios? Insisto: ¿quién está desafiando verdaderamente al poder del Estado?
Hago votos para que en el Congreso de la Unión haya un valiente que se atreva a ponerles un alto a los poderosos medios de comunicación y les exija que acoten la ley, y que se abstengan de predisponer a la opinión pública contra los partidos políticos y las instituciones del Estado. Nuestra incipiente democracia -de la que tanto se quejan analistas, politólogos o líderes de opinión- la necesita, apoyémosla, ahora que tenemos que “cinchar” a los poderosos, no nada más cuando toca aplicarla contra los llamados “sin voz”. ¿No cree usted?
