Por Shanik David
En marzo de 2013, Policías Ministeriales de la entonces Procuraduría General de Justicia, presentaron a un grupo de 10 personas señaladas como presuntos secuestradores responsables del levantón de un empresario que fue encontrado muerto por esas fechas.
Sin embargo, las declaraciones firmadas por los señalados fueron obtenidas por medio de tortura y tratos denigrantes, según certificó la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla en la recomendación 3/2016, la cual derivó de cuatro quejas presentadas por algunos de los afectados.
Destaca que si bien fueron 10 los presentados, las quejas solo fueron interpuestas por seis de ellos, aunque en la misma recomendación se narran las afectaciones a los otros cuatro para que no queden impunes.
En la narración se describe cómo los detenidos fueron arrestados en tiempos y formas distintos a los reportados por las autoridades, pues aunque los Ministeriales aseguraron haber dado con los culpables la noche del 24 de marzo mientras circulaban en el coche del secuestrado, los hechos narrados por los quejosos son diferentes.
La víctima 1 por ejemplo, caminaba por las calles de la ciudad de Puebla con su esposa y su hija la noche del 23 de marzo cuando fue detenido; la víctima 2 se encontraba en un motel donde pasó la noche en un viaje que hizo desde Veracruz para conseguir empleo; otro de los afectados estaba de visita desde Nogales en busca de una bodega, y el resto estaban de paso para acudir a un evento religioso; todos estos estaban en el mismo motel y en diferentes habitaciones.
Cada uno de los afectados describió el lujo de la fuerza con los cuales fueron levantados, golpeados, amenazados y trasladados a una bodega donde fueron torturados a base de golpes, toques eléctricos en los genitales y con chorros de agua; después de esto, para que pararan los malos tratos firmaron unas declaraciones donde aceptaban ser secuestradores.
En la recomendación se señala a 12 ministeriales, así como una médico forénse quien alteró los registros de los detenidos para señalar que no presentaban lesiones visibles al llegar a las instalaciones de la SEIDO, a pesar de que los golpes eran evidentes.
Sin embargo como recomendación sólo se pidió que se repare el daño a los seis quejosos, que se inicie un procedimiento penal en contra de los responsables y capacitación en derechos humanos para los integrantes de la policía ministerial.
