Por Shanik David
La sentencia que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el pasado viernes no sólo avaló el registro de la candidatura independiente de Ana Teresa Aranda Orozco sino que señaló de manera puntual el actuar parcial y poco independiente del Organismo Público Local Electoral (OPLE), acusó Alejandro Guillén Reyes, académico de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.
Explicó que textualmente la sentencia indica que los consejeros del instituto poblano no aplicaron el principio pro persona que viene indicado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual implica que las leyes deben interpretarse para favorecer a los ciudadanos, sino que se actuó de manera completamente contraria al aplicar la ley para obstaculizar el registro de la candidatura independiente.
Si bien señaló que el OPLE opera con poca autonomía, evitó señalar de manera puntual quién podría estar influyendo en las decisiones del organismo electoral, pero que esta situación anticonstitucional podría poner en riesgo el resultado de la elección.
Esto pone en evidencia el fracaso de la reforma política de 2014 la cual dio vida a los OPLE’s en los estados, pues si bien estos deberían ser autónomos e independientes esto no se ha dado, por lo que se posicionó a favor de una nueva reforma que regule a estos organismos además de que elimine muchos de los candados que se han impuesto a nivel nacional para los candidatos independientes.
Además, refirió que si bien es evidente las fallas en la operación del organismo electoral, también es comprensible la declaración que dio Marco Antonio Baños, consejero del Instituto Nacional Electoral, quien la semana pasada defendió el actuar de los consejeros poblanos, pues fueron ellos mismos quienes los eligieron y se vio obligado a generar confianza en torno al organismo.
Pese a este escenario puntualizó que ya no son tiempos para pedir ni la destitución de los consejeros ni la atracción de la elección, aunque si hay un verdadero interés de parte de los partidos políticos y no sólo una intención de presionar al arbitro electoral, la solicitud de revisión del actuar de los funcionarios electorales se podría presentar después de que terminen las campañas.
