Por: Valentín Varillas
Si el morenovallismo calculó que, con una hipócrita disculpa a medias por los hechos ocurridos en Chalchihuapan a principios de julio de 2014, mataba políticamente el tema y se vacunaba ante su inminente uso en las campañas de los candidatos opositores, es evidente que el fracaso fue rotundo.
El haber enviado a un funcionario de medio pelo a dar un discurso en donde estuvo ausente cualquier reconocimiento abierto de responsabilidad oficial en el tema y en donde ni siquiera se atrevieron a hacer una referencia directa a la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, tuvo el efecto contrario al que se pretendía.
En redes sociales y medios críticos, resurgió –con la misma intensidad que en el primer día- la indignación en contra de una administración que jamás mostró la menor piedad o empatía ante una mujer que perdió a su hijo asesinado por policías poblanos.
Al contrario: ese gobierno utilizó las instituciones del estado para encubrir el homicidio y proteger a sus responsables, criminalizando sin pudor alguno a las víctimas.
Las “disculpas” públicas, que en realidad nunca lo fueron, nos hicieron recordar aquella verdad oficial llena de mentiras que se volvió un mantra obsesivo e incuestionable para el aparato propagandístico oficial y que para su difusión se gastaron millones de pesos en medios locales y nacionales.
Nuevamente cobraron vida frases penosas como “las piedras de gran calibre” y aquellas vergonzosas cabezas de marrano que fueron utilizadas para justificar teorías que desafiaban, no sólo a la lógica más elemental, sino a las propias leyes de la física.
Todo eso regresó de golpe al imaginario colectivo local.
Por eso, la estrategia falló de forma estrepitosa.
Con o sin mea culpa, los hechos en Chalchihuapan no se olvidarán nunca y sin duda serán utilizado como materia prima para la lucha electoral que viene.
En el discurso de campaña, seguramente se argumentará que de esta forma se cumplían las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Sin embargo, las más importantes, las realmente de fondo siguen pendientes.
La CNDH recomendó sanciones a los responsables de los abusos, entre ellos Facundo Rosas, quien salió de la Secretaría de Seguridad Pública no por Chalchihuapan, sino por la colusión con bandas relacionadas con el robo de combustible.
Jamás fue cuestionado o reprendido por el gobernador.
Al contrario, el mandatario poblano sostiene hasta la fecha que, ante situaciones similares, volvería a dar la orden de actuar igual.
¿Arrepentimiento?
Nunca.
Lo que no han querido asimilar son las consecuencias de la impunidad.
Puebla es ejemplo en la materia gracias a que, después de más de un año y nueve meses de los hechos, el o los asesinos de un niño indígena siguen libres y no hay siquiera un sospechoso detenido.
Vaya carta de presentación.
En este afán de obsesivo encubrimiento, la entonces Procuraduría y su titular no cumplieron con su obligación legal y moral de llevar a cabo una investigación encaminada a dar con la verdad y a partir de ahí deslindar responsabilidades jurídicas.
El costo de lo anterior es demoledor y echa por tierra el benevolente discurso oficial que resalta supuestas mejoras en el sistema de procuración de justicia.
Antes de llevar a cabo una penosa puesta en escena que en los hechos no resuelve nada y se queda corta en el afán de lavarle la cara al gobierno del estado, la mejor vacuna electoral contra Chalchihuapan sería replantear las investigaciones, llegar realmente al fondo de los hechos y aplicar la ley, caiga quien caiga.
Para hacerlo, sin embargo, se necesitaría como mínimo renunciar al supuesto don de la infalibilidad y reconocer públicamente la comisión de un error, una cualidad ausente en la política y el servicio público poblano actual.
