Por Shanik David
Durante la últimas sesión del periodo ordinario de sesiones, y previo a que inicien las campañas electorales, se dio un enfrentamiento entre los diputados de oposición y los del bloque aliancista -PAN, Nueva Alianza, Compromiso por Puebla, PT y PSI-, por dos temas que, acusaron los legisladores, se manejaron de manera electoral: la aprobación de las cuentas públicas y la reforma a la Ley Orgánica Municipal que devuelve, de manera parcial, la facultad para que los presidentes auxiliares operen el registro civil.
Previo a que empezara la sesión del pleno, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional tuvo un breve encuentro, en el cual se determinó que se harían expresiones directas hacia ambas temas; así, le tocó al diputado Pablo Fernández del Campo ser el responsable de pedir una moción para que ambos temas fueran sacados de la orden del día, sin recibir el respaldo de los demás legisladores.
El tema de las cuentas públicas fue en particular inusual, pues en una sola sesión se avalaron 226 dictámenes, con los cuales se aprobaron expedientes que databan de 2010, aunque llamó la atención que también se presentaron para su aval casos correspondientes a 2014, esto a pesar del rezago que hay en las revisiones de la Comisión Inspectora.
Por ejemplo, destacó que se presentó la cuenta pública de Eduardo Rivera Pérez correspondiente a los 45 días que ocupó la presidencia de Puebla en 2014, cuando todavía no se resuelve la del ejercicio fiscal 2013; además de dio luz verde a la cuenta del primer año de José Antonio Gali Fayad y otros presidentes cercanos al gobernador Rafael Moreno Valle, como José Juan Espinosa Torres de San Pedro Cholula, Leoncio Paisano Arias de San Andrés Cholula y José Luis Galeazzi Berra de Atlixco, por mencionar a algunos.
Cuando se llegó a este punto, Fernández del Campo subió a tribuna para reprochar a los diputados de la fracción morenovallista por negarse a mantener las cuentas públicas fuera de la contienda electoral, y que por el contrario hayan decidido respaldar una medida “apocalíptica” pues por el número de expedientes que se presentaron para su aprobación “pareciera que el mundo se va a acabar”.
Destacó que nada perdían los diputados con aplazar la presentación de las cuentas públicas para después del proceso electoral, de manera que este asunto no se fuera manejado como una cuestión política, pero que por desgracia esto no pasó.
Tras este posicionamiento dio a conocer que los diputados de la fracción PRI-Verde votarían en abstención de la iniciativa.
Una postura más crítica manifestó desde el pleno la perredista Socorro Quezada Tiempo quien acusó que, desde hace mucho tiempo y no sólo durante la actual legislatura, el Congreso del estado ha sido usado como un garrote político en contra de los alcaldes que podrían criticar al gobierno del estado, siendo este un ejemplo claro.
Además, dijo, no sólo se persigue a los críticos, sino que se premia a los sumisos, destacando el caso de José Juan Espinosa Torres, quien “ya debió alienarse, pues hace unos meses ya se hablaba en este pleno de destituirlo y hoy se aprueban sus cuentas públicas”.
Pese a la negativa de los legisladores lo 226 dictámenes de cuenta pública y las 73 dictámenes para sancionar a ediles por manejo de las finanzas fueron aprobadas por mayoría de votos.
Un escenario similar se dio cuando se presentó el tema de la reforma a la Ley Orgánica para regresar la facultad del registro civil a los presidentes auxiliares, la cual fue presentada por el gobernador Rafael Moreno Valle y aprobadas sin cambios.
En esta ocasión le correspondió al diputado Francisco Javier Jiménez Huerta manifestar la postura en contra de la fracción del tricolor, al indicar que el retiro de los registros civiles causó graves afectaciones a la forma de operar de estas comunidades.
Acusó incluso que aunque las autoridades han justificado la reforma de hace dos años por medio de la cual se les quitó a los ediles auxiliares la operación del registro civil se justificó con el argumento de que había manejos irregulares, sin embargo “esto no ha sido comprobado”.
Recordó incluso que él mismo, a finales del año pasado, presentó una propuesta similar en la cual se les daba plena operación de este servicio a los ediles auxiliares, pero esta fue ignorada por los diputados para favorecer la iniciativa del ejecutivo estatal.
“Las juntas auxiliares no necesitan seguir como figuras decorativas o empleados de los ayuntamientos, toda vez que, las autoridades que las conforman, han sido electos por su propia población, bajo la observancia de principios democráticos, dotados de legalidad y legitimidad”, refirió el diputado priísta.
Sin embargo, su postura fue recibida de mala manera por los legisladores cercanos al gobernador, como fue el caso de Susana Riestra Piña, quien acusó que la postura en contra tanto del PRI como del PRD y Movimiento Ciudadano respondía más a una cuestión de la coyuntura electoral que a un verdadero interés por las juntas auxiliares.
Tras una serie de cruce de posicionamientos a favor y en contra, el dictamen se aprobó con 26 votos a favor y 12 en contra.
