Por Shanik David
Fue hasta la recta final del proceso de recolección de firmas de apoyo ciudadano que el equipo de trabajo de Ricardo Jiménez Hernández “se dio cuenta” que el requisito de la territorialidad sí les afectaba para alcanzar la meta, argumentó el abogado del aspirante a candidato independiente, Rafael Sánchez Hernández.
Detalló que el equipo de colaboradores estaba muy bien organizado al inicio del procedimiento, sin embargo con el paso de los días se detectó que el tener que cubrir 145 municipios sí representaba un obstáculo que no podrían salvar.
Por esta razón, continuó, la semana pasada se presentó un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales impugnando este requisito, esto después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decretó inconstitucional este lineamiento pero sólo para el caso de Ana Teresa Aranda.
La idea con ese recurso es adherirse a la resolución que hay a favor de la expanista, de manera que también aplique para el caso de Ricardo Jiménez Hernández esta sentencia.
Sin embargo, en lo que se resuelve este jucio se presentarán las firmas que se recopilen sin importar que éstas no cubren las dos terceras partes del territorio estatal que marca tanto la convocatoria para el registro de candidatos independientes como el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Sánchez Hernández explicó que al haber un decreto del TEPJF el Organismo Público Local Electoral no podría desechar las firmas, pues fue decretada la inconstitucionalidad de esta norma y debería aplicarse para todos.
A pregunta expresa de por qué se esperó el equipo legal del aspirante hasta este momento, es decir tres días antes de que termine el plazo de recolección de firmas, para dar este posicionamiento, el abogado refirió simplemente que fue hasta ahora que vieron que la territorialidad sí era una traba para el registro.
Agregó que desde el principio del procedimiento se solicitó al Instituto Estatal Electoral que eliminara este requisito, pero esto no se hizo por medio de alguna impugnación formal.
Lo que sí fue impugnado fue el requisito de solicitar a los ciudadanos datos como su nombre completo y dirección para llenar las cédulas de apoyo, pues, dijo el abogado, esto representa una violación a la Ley General de Protección de Datos Personales; sin embargo, dijo que si bien este recurso se presentó desde hace un mes ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, hasta el momento no se ha resuelto.
Destaca que una postura similar manifestó Leodegario Pozos por medio de un vídeo que publicó en sus redes sociales donde argumentó que igual hasta el final del proceso de recolección de firmas se detectó que pedir las copias de las credenciales de elector no sólo dificultaba el proceso sino que, puntualiza, es un delito electoral.
Por este escenario, Ricardo Jiménez Hernández hizo un llamado para que el IEE no “responda a intereses externos” y que brinde igualdad de oportunidades a todos los aspirantes, pues de mantener la postura que se tiene se cerraría la participación de los candidatos independientes.
Es importante recordar que desde que se definieron los lineamientos para el registro de candidatos independientes en el COIPE, lo cual se dio desde enero, sólo Ana Teresa Aranda Orozco fue la que recurrió a los tribunales electorales, tanto el local como el federal, para impugnar estos requisitos, mientras que el resto de los aspirantes no tomó acciones legales al respecto.
