Por Shanik David
La recomendación general 25 que publicó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el pasado viernes, si bien confirma la existencia de al menos cinco presos políticos en el estado se queda corta en cuanto a la realidad que se vive en la entidad.
Esto pues quedaron fuera los casos del presidente de San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, los líderes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre y los mototaxistas, por mencionar tan solo algunos de los casos que ha documentado el Comité para la Liberación de los Presos Políticos.
Además de esta visión un tanto parcial, la recomendación genera dudas por lo tardía de la misma pues, por ejemplo, en el caso de los presidentes de San Miguel Canoa y La Resurreccion -Raúl Pérez Velázquez y Leobarno Báez Serrano, respectivamente-, estos casos se denunciaron ante el ombudsman nacional desde diciembre de 2014 y fue hasta ahora que se dio un posicionamiento al respecto, recordó la vocera del Comité, Carolina González Barranco.
La activista refirió que los cinco casos mencionados en la recomendación -los de los tres opositores del gasoducto Morelos y los dos ediles auxilares-, no son los únicos en el estado, por lo que es lamentable que la primera respuesta que se da llegue tarde e incompleta.
“Si la Comisión se mantiene en silencio se va a volver un cómplice silencioso de estos acontecimientos (…) por eso es importante que si bien es bueno que haga la recomendación, que explique por qué tardó tanto”, puntualizó González Barranco.
El tema de la persecución a los activistas no es algo que se dé sólo en Puebla, sino que es una situación que se da a nivel nacional principalmente para favorecer intereses de empresas transnacionales que buscan desarrollar proyectos en zonas principalmente indígenas, y el hecho de que la CNDH, que debería ser la responsable de salvaguardar los derechos humanos de la población, no intervenga de manera oportuna envía el mensaje de que estos abusos hacia los sectores más vulnerables se pueden continuar sin problema, reflexionó.
Este escenario, continuó, en particular es preocupante en el estado, debido a los llamados proyectos de muerte -plantas hidroeléctricas, minas a cielo abierto, pozos de fracking- que se tienen previstos para la zona de la Sierra Norte, lo cual, sumado a la pasividad y tardía respuesta de la CNDH podría conducir a que aumenten el número de los presos políticos en el estado.
