Por Shanik David
El hecho de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya señalado el caso puntual de cinco activistas poblanos que fueron detenidos por cuestiones políticas representa un tema delicado que debe ser atendido a la brevedad por la Fiscalía General del Estado, la cual deberá rendir cuentas claras de esta situación, aseguró el diputado Sergio Céspedes Peregrina.
Esto pues lo estipulado en la recomendación general 24 sobre los casos de Puebla no sólo son violaciones flagrantes a los derechos humanos sino que representan delitos que deben ser explicados por la autoridad, pues se privó de la libertad a personas por cuestiones de su oposición a proyectos y políticas estatales, puntualizó.
“Nadie por el hecho de expresar sus ideas tiene que ser privado de su libertad, eso no puede suceder, por eso el llamado es puntual y con energía a que se aclare lo que señala la comisión”, agregó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso estatal.
Destaca que la recomendación de la CNDH se dio tan sólo unos días después de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos publicó un documento en el cual refiere las violaciones en sus garantías personales que sufrieron los cuatro opositores del proyecto del Parque de las Siete Culturas que fueron detenidos por la policía municipal de San Andrés Cholula en octubre de 2014.
Ante estos señalamientos de las agresiones a los activistas del estado, el legsilador priísta comentó que es necesario que las autoridades, en particular la Fiscalía actúen con apego a la ley para evitar este tipo de abusos.
Añadió que, si bien ambas recomendaciones son positivas, llegan tarde, pues de haberse dado unos meses atrás pudieron haber ayudado para la defensa de los activistas y lograr su liberación antes; y es que hasta el momento sólo el presidente de la junta auxuliar La Resurrección, Leobardo Báez Serrano es el único de los señalados en los dos documentos que sigue recluído.
Un aspecto que se señala en la recomendación general número 25 es el hecho de que el estado de Puebla carece de un mecanismo para la protección de activistas, ante lo cual Céspedes Peregrina argumentó que desde 2014, en conjunto con Víctor Manuel Giorgana Jiménez, presentó una iniciativa en este sentido, la cual se mantiene en la congeladora.
Sin embargo, la propuesta de los diputados priístas versa sobre la necesidad de incluir los principios básicos de derechos humanos en la Constitución Política del Estado de Puebla, de manera que se garantice el respeto a las personas, no se incurran en actos de discriminación por cuestiones políticas, raciales, religiosas, etc.
