Por: Socorro López Espinosa
El estado de Puebla tiene comprometido su desarrollo por 50 años. Los diputados de todos los partidos políticos se han sometido al actual gobierno para crear, reformar o derogar leyes a la medida del Ejecutivo estatal, así éste hace lo que quiere con el recurso público y endeuda a los poblanos.
La revelación hecha por el diario Reforma de la existencia de un fideicomiso con el impuesto sobre la nómina (ISN) que opera una empresa extranjera-mexicano Evercore-Protego, de la que es socio Pedro Aspe exsecretario de Hacienda en el gobierno de Salinas de Gortari, vino a confirmar lo que tantas veces se ha dicho sobre la “deuda” que dejará el gobierno de Moreno Valle por varias décadas.
Pero ninguno de los políticos de ningún partido, sobre todo los que han sido diputados durante el gobierno morenovallista, se puede decir indignado y mucho menos rasgarse las vestiduras por lo que hace o deja de informar el gobierno estatal, puesto todos los diputados, el Congreso en Pleno, aprobó en su momento la reforma a la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Los diputados no pusieron ninguna traba al ejecutivo (gobernador y secretarios) para que disponga libremente del recurso del ISN o de cualquier otro impuesto, derecho, producto o aprovechamiento.
Los representantes del PRI, PRD, PVEM PT, Panal y MC, todos sin excepción, no pueden mostrarse ahora “indignados” por la existencia del fideicomiso a 50 años porque ellos aprobaron sin chistar el cambio a la citada ley junto con sus colegas del PAN, en 2012.
Las iniciativas de ley enviadas por el Ejecutivo pasan casi por mero trámite en el Congreso, con apenas 24 o 48 horas de anticipación, supuestamente se discuten en Comisiones y de ahí al Pleno, donde son aprobadas sin mayores cambios.
En el caso concreto del Fideicomiso en cuestión, la misma Ley de Proyectos para Prestación de Servicios del Estado Libre y Soberano de Puebla fue modificada TRES VECES en un mismo año, 2012, para hacer un traje a la medida, al gusto del gobernador y sin que el Congreso pueda meter las manos.
El año 2012 fue clave para confeccionar el traje legislativo a la medida del Ejecutivo, fueron varias las leyes que modificadas, “adaptadas” a los intereses del actual gobierno.
Desde entonces el gobierno puede manejar como quiera el presupuesto, comprometer los recursos hasta por 50 años; que los administre una empresa privada ya sea en México o en el extranjero; mantener en reserva hasta por 21 año toda la información vital al respecto y, en consecuencia, tener comprometido el futuro de los poblanos por medio siglo.
El 2012 fue el año crucial para el gobierno morenovallista: se concretó la inversión de la firma alemana AUDI
Cuando aún estaban las pláticas con la automotriz los diputados empezaron a preparar el terreno a dicha inversión, en julio de 2012 los diputados aprobaron reformar el artículo 18 de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), para permitir al Ejecutivo disponer del ISN hasta por 30 años para el pago de inversionistas.
Luego en agosto de ese mismo año se modifica nuevamente la para establecer que el Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de finanzas deberá crear y mantener un registro sobre las afectaciones realizadas, y no se podrán revocar o revertir los PSS hasta que se han liquidado las obligaciones
Sin embargo, una vez que el 4 de septiembre de 2012 se anunció oficialmente la llegada de Audi a Puebla, para el 19 de ese mismo mes se aplicó la reforma definitiva: Se elimina el plazo establecido de 30 años, y se establece que todos los impuestos, derechos, productos son la fuente de pago, garantía o ambas.
Además, señala que “…el Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Finanzas podrá constituir fideicomisos, mismos que se sujetarán para su operación a lo previsto en el propio contrato de fideicomiso y en las disposiciones mercantiles correspondientes y no formarán parte de la administración pública paraestatal. Los ingresos derivados de contribuciones, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, accesorios u otros conceptos afectos a los fideicomisos señalados en el presente párrafo se considerarán desincorporados temporalmente del patrimonio del Estado”. (El subrayado es de esta reportera).
El 19 de septiembre de 2012 el Congreso del Estado realizó una sesión extraordinaria, en la que aprobó la dotación de las 460 hectáreas en San José Chiapa para Audi; apoyos (fiscales o financieros) para la instalación de proveedores de autopartes y para Audi; se modificaron las leyes de Presupuesto; de Deuda Pública del Estado; de Obra Pública y Servicios; la de Bienes del Estado.
Todas las reformas fueron votadas de forma unánime, no hubo voto en contra. Votaron a favor los 13 diputados del PRI, los 13 del PAN, 2 del PRD, 1 PT, 4 Panal, 3 Verde, 1 MC y 1 diputado independiente.
En dichas reformas se estableció la autorización al Gobernador para realizar “los trámites” para concretar la inversión y lo que derivara de ella; los PPS no serían considerados deuda pública, y el Congreso sólo sería “notificado” de la creación de los fideicomisos”, pero nada más.
Así, se ha legislado en Puebla en estos últimos años, con traje a la medida para el Ejecutivo, que actúe libremente, sin mayor control, y sin informar ni transparentar cabalmente de cómo maneja el recurso público o si realmente el dinero está en Puebla, en México o en el extranjero.
El actual gobierno puede argumentar que “no es deuda” lo que dejará por 50 años, no solo por todas las obras que conciernen a Audi y proveedores, sino por las otras obras bajo el concepto de PPS, como el Museo Barroco, el CIS, la Estrella de Puebla, el edificio de la PGJ, aunque la realidad es que el presupuesto de los siguientes 8 gobiernos ya está comprometido, por los millonarios pasivos que deberá cubrir.
Así, está comprometida la capacidad del gobierno para enfrentar el desarrollo que requerirá el estado y sus habitantes para el próximo medio siglo, después de la operación financiera que hizo para su provecho el gobierno de 2011-2017.
