Por Shanik David
Acusaciones de presiones por parte de funcionarios gubernamentales e incluso la compra de votos para favorecer la política de alianza con Acción Nacional son algunas de las acusaciones que han enmarcado la sesión del consejo estatal del Partido de la Revolución Democrática que se llevará a cabo este lunes.
Dicho encuentro fue convocado por la corriente Nueva Izquierda, filial al morenovallismo, sin el consentimiento de las demás tribus perredistas, y se prevé que en esta reunión se apruebe una alianza con el albiazul para la elección del próximo 5 de junio.
Sin embargo, el senador Luis Miguel Barbosa, líder del Frente de Izquierda Progresista, minimizó este intento de imposición, pues recordó que la decisión final de la posible coalición la tomará el Comité Ejecutivo Nacional del partido, y que en la dirigencia nacional hay 15 de 25 secretarios que están en contra de este tipo de uniones.
Por este motivo, fue enfático al decir que aunque se haga el intento por imponer esta unión para el proceso electoral no representa un riesgo.
Pese a esto, reconoció la crisis por la que pasa el partido por la intromisión de funcionarios del gobierno del estado, los cuales sólo buscan responder a los intereses de Rafael Moreno Valle, situación que, dijo, hace que cada vez se complique más la realización de una alianza.
Comentó que si bien él apoyo abiertamente la coalición de 2010 y 2013, en ese momento hacia falta una alternancia y hoy lo que se requiere en el estado es una “transición”, por lo que rechazó de manera categórica que tanto en esta elección como en la siguiente se pueda recurrir a una alianza con el PAN.
“El PRD nunca fue partido en el poder y hoy quieren que desaparezca como partido de oposición” criticó Barbosa, al lamentar incluso que algunos de los consejeros que él mismo ingresó al órgano rector del partido hoy en día estén vendidos y cooptados al morenovallismo.
De manera puntual, criticó las condiciones en las cuales se llevará a cabo la sesión del consejo estatal, la cual ese realizará en la Ex Hacienda de Chautla, inmueble que, resaltó, es propiedad del gobierno del estado, además de que se tiene previsto el despliegue de un operativo policíaco en la zona.
Estas cuestiones, argumentó el senador, son medidas impuestas por Diódoro Carrasco, titular de la Secretaría General de Gobierno, a quien responsabilizó de manera directa de cualquier conflicto o situación que se llegue a dar durante la reunión.
Sin embargo, horas después de dar esta declaración, este domingo por la mañana el senador acompañó a Rafael Moreno Valle en una gira de trabajo por el municipio de Tehuacán, dejando de lado el discurso incendiario que tomó en contra del mandatario el sábado por la tarde.
Por otra parte, Mayra Sánchez, integrante del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, acompañada por representantes de los grupos de jóvenes del partido, denunció que se tenían reportes relacionados con la compra de votos de los consejeros para favorecer la política de alianzas.
De acuerdo con los comentarios recibidos por este grupo de perredistas, se ofrecen cinco mil pesos a los consejeros para votara favor de la alianza, y a los líderes de corriente se les presentan cuotas de hasta 50 mil pesos.
