Por Shanik David
El encarcelamiento de cualquier persona por el solo hecho de exigir el respeto a sus derechos básicos es una injusticia “que no es posible que se siga dando en pleno siglo XXI”, aseguró Candido Coheto Martínez, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados.
El legislador por el estado de Oaxaca lamentó la situación que se ha presentado en Puebla en los últimos años, donde se detiene y procesa penalmente a ciudadanos que se manifiestan para pedir la atención de sus demandas.
En particular, por su línea de especialización, señaló el caso de representantes de comunidades indígenas que han sido perseguidos y metidos en prisión por cuestiones políticas, como es el caso de los presidentes de juntas auxiliares que se movilizaron por pedir la restitución del registro civil.
Casos como los presidentes de La Resurrección, San Bernardino Chalchihuapan y San Miguel Canoa -aunque este último ya fue librrado- son acciones injustas por parte del gobierno estatal.
El tema de los presos indígenas incluso generó molestia dentro de la cúpula panista, y se intentó defender al gobierno del estado, aunque dicha defensa se quedó a medias.
El domingo, cuando se dieron a conocer algunos de los temas de las comunidades indígenas, se mencionó que en el estado hay mil 50 indígenas encarcelados por haber cometido delitos menores, pero que debido a su condición de pobreza no pudieron tener una defensa legal adecuada.
Esta situación molestó al bloque morenovallista, por lo que el martes el delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Marcelo García Almaguer, salió en defensa del gobernador Rafael Moreno Valle al indicar que la mayor parte de estos presos se dieron durante administraciones priístas.
Sin embargo, en su posicionamiento, el excolaborador de Moreno Valle evitó hacer mención de los presos políticos que se han dado durante esta administración, de los cuales una buena parte son de comunidades indígenas.
