Por Shanik David
El nombramiento de personajes con antecedentes de represión en cargos de primer nivel en el gabinete estatal, los casos de detenciones de activistas que se dieron el año pasado así como la legalización de las violaciones a los derechos humanos en la entidad, son factores que marcan un contexto complicado en materia social para este año en la entidad.
Esto lo comentó Carolina Barranco, representante del Comité por la Liberación de los Presos Políticos y la Libertad de Expresión, al referir que “las cosas no serán mejor, se mantendrá esta línea de más detenciones por leyes tanto estatales como federales”.
Hay que recordar que si bien a finales del año pasado fueron liberadas tres personas que se encontraban encarceladas por cuestiones políticas -como son Adán y Paúl Xicale, defensores de la zona arqueológica de Cholula, y Raúl Pérez Velázquez, presidente auxiliar de San Miguel Canoa-, a lo largo del año fueron detenidas otras siete personas por oponerse a políticas estatales.
A esto se suma la llegada de Jesús Rodríguez Bautista a la Secretaría de Seguridad Pública, Diódoro Carrasco a la General de Gobierno y el nombramiento de Víctor Carrancá Bourget como Fiscal General del Estado por un período de siete años, lo cual pone en evidencia la política que se aplicará durante el último año de la administración.
Sin embargo, uno de los factores que resaltó la activista es que en Puebla se han hecho reformas para legalizar las violaciones a los derechos humanos, con iniciativas como la privatización del agua potable, la Ley Bala, la Ley de Expropiación, la Ley Antigraffiti y otras similares; “son legales pero no legítimas”, puntualizó.
Pese a este contexto, Barranco apuntó que en muchos casos estas medidas de represión no responden a un gobernante en sí, sino a intereses de empresaso particulares que están en juego, por lo que incluso después de que se vaya Rafael Moreno Valle del gobierno, si quien lo sigue mantiene la misma línea, seguirán en riesgo los recursos naturales, el patrimonio histórico y las concesiones de transporte público, por mencionar algunos de los temas críticos de la actual administración.
Raúl Pérez sin caprichos por regresar a la presidencia auxiliar
A casi tres semanas de haber salido de la cárcel, donde pasó cerca de de 14 meses acusado de haber agredido a un trabajador de Aguas de Puebla, Raúl Pérez Velázquez aún no ha regresado a la presidencia auxiliar de San Miguel Canoa.
El edil auxiliar dijo que él no buscará por la fuerza retomar el cargo para el cual fue electo por los pobladores de la comunidad, sino que está dispuesto a escuchar la voz del pueblo para tomar una determinación al respecto.
Por esta razón, señaló que es necesario que se lleve a cabo una asamblea pública en la comunidad, para que sean los ciudadanos quienes decidan si él retoma la presidencia o si continúa en el cargo su suplente Félix Flores García.
Sin querer señalar a nadie en concreto, reconoció que hay alguien “detrás de todo esto”, pero que en lugar de buscar confrontaciones pide que se regrese la paz a Canoa, por lo que la mejor solución sería la asamblea, a la cual incluso retó que acuda el secretario de Gobernación municipal Mario Rincón González.
