Por: Valentín Varillas
La decisión de convertir a Víctor Carrancá Bourget en Fiscal General del Estado y alargar su período como encargado del sistema de procuración de justicia en la entidad, tiene dos motivaciones principales.
La primera, abonar a la impunidad de los morenovallistas, una vez que el manto de protección que les da sus actuales cargos fenezca.
Sí, aunque jamás lo demostraran o aceptarán públicamente, en el círculo íntimo del gobernador de Puebla hay nervios sobre lo que les puede deparar el futuro inmediato y han echado ya a andar los infaltables mecanismos de protección.
Sin embargo, por aquello de las malditas dudas, contar con un aliado transexenal que les cuide las espaldas resulta valiosísimo en caso de que se tengan que sortear las agitadas aguas de la alternancia política.
La preocupación está justificada.
El desaseo y las irregularidades han sido la constante en la mayoría de las dependencias, con un agravante adicional: en aras de una falsa cruzada anti-corrupción, Rafael rompió con los valores no escritos de la sucesión y encarceló a un exsecretario.
“Fuenteovejuna” exigirá a gritos que se le dé, tarde o temprano, el mismo trato a algún otro chivo expiatorio del actual sexenio.
No en vano, hace algunas semanas le contaba en este espacio de la instrucción girada por el mandatario estatal a sus principales colaboradores, en el sentido de “limpiar su cochinero”, porque él “no iba a meter las manos por nadie”.
Bajo esta óptica, resulta evidente que para el gobernador y su grupo, el proceso electoral del próximo año dejó de ser un asunto de mero trámite o bien, una victoria cantada.
Además de lo anterior, en la eternización de Carrancá, existe un evidente pago de facturas por los muchos y enormes favores prestados al régimen.
Si bien el cumplirle cabalmente a su jefe es una consecuencia natural de quien se alquila, no cualquiera se hubiera echado los trompos que se aventó nuestro próximo Fiscal estatal.
Mire que se necesita valor para haber prostituido descaradamente las instituciones del estado en aras de encubrir a los asesinos de José Luis Tehuatlie Tamayo, el niño indígena que murió como consecuencia del operativo de “rescate” de la autopista a Atlixco, en el poblado de San Bernardino Chalchihuapan, aquel 9 de julio de 2014.
Asesinos que, por cierto, hoy siguen disfrutando de una libertad que no merecen.
Carrancá fue obligado a defender en medios nacionales la versión oficial de los hechos: una auténtica aberración legal que desafiaba no únicamente al estado de derecho, sino a las propias leyes de la física.
Ni cohetón, ni onda expansiva; se trató simplemente de un cobarde asesinato cometido por policías estatales absolutamente incapaces para el uso “no letal” de la fuerza.
La corrección de plana que le dio la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la “profesional” investigación hecha por PGJ, es una vergüenza que manchará de por vida el currículum de Carrancá.
Además de Chalchihuapan, nuestra Procuraduría ha servido en los hechos como el más efectivo garrote utilizado en contra de quienes unilateralmente han sido etiquetados como “enemigos del gobierno”.
Activistas, defensores de derechos humanos, líderes de distintas organizaciones y hasta periodistas han sido víctimas de investigaciones sesgadas, tramposas, violatorias a los más básicos y elementales derechos constitucionales.
En muchos de estos casos, ganar consistentemente amparos ante la justicia federal no ha sido suficiente para recuperar la libertad.
¿Cuánto vale lo anterior?
7 años más “procurando” una justicia a modo que les permita a quienes han ocupado y ocupan cargos de importancia en el actual gobierno estatal, parece un modestísimo precio a pagar.
Les salió barato, ¿no cree?
Penoso.
