Por Shanik David
El ayuntamiento de San Pedro Cholula debe indemnizar a la familia de Ricardo Cadena Becerra por los gastos que han hecho a raíz de la muerte del joven, quien fue asesinado a manos del exdirector de la policía municipal, así como por los “sufrimientos y aflicciones” que este hecho ha tenido sobre ellos.
Esto se indica en la recomendación número 18/2015 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del estado, en la cual se señala de manera puntual al exdirector de la corporación municipal, Jaid Mothe Hernández, como el agresor de Ricardo, aunque también se indica que el juez calificador violentó los derechos humanos de Jonathan, hermano del joven asesinado, al retenerlo a pesar de ser menor de edad.
En el documento se describen los hechos de la madrugada del 3 de mayo de este año, cuando los hermanos Cadena Becerra, acompañados por un amigo, fueron interceptados por elementos de la policía municipal de San Pedro tras salir del botanero El Recuerdo, donde habían pasado la noche para ver una pelea de box.
Al verse cercados por los policías, los jóvenes salieron corriendo. Jonathan regresó al bar, a donde ingresaron los uniformados y lo agredieron para subirlo a la patrulla, desde donde escuchó el disparo que, después supo, terminó con la vida de su hermano.
En la recomendación se puntualiza que el joven, de 15 años de edad, fue llevado al Juzgado Calificador, donde el titular del mismo -de quien no se indica el nombre en el documento-, ordenó se le realizará una prueba toxicológica, a pesar de que no se contaba con la presencia de sus padres, lo cual se consideró como una violación a su derecho de seguridad jurídica.
En cuanto al caso puntual de Ricardo, la Comisión determinó que Mothe Hernández violó los derechos a la vida y seguridad jurídica, pues abusó de la fuerza para retener al joven.
En su declaración el ahora exfuncionario municipal refirió que él iba a pie cuando se acercó a cuatro personas que se encontraban haciendo pintas en una barda -esto a pesar de que los jóvenes señalaron que los uniformados llegaron en patrullas-, y que cuando se acercó a ellos salieron corriendo, por lo que él corrió tras de ellos.
A los pocos momentos, aseguró ante la Comisión el expolicía, vio que uno de los jóvenes se había escondido detrás de un carro estacionado y que salió de ahí “con intensión de tirarlo”, y que “traía un objeto brillante en la mano”, pero sin corroborar ninguno de estos dos factores accionó su arma.
Esto fue catalogado por el organismo como un exceso de fuerza, y la clara violación al derecho de seguridad jurídica pues se agredió al joven sin tener claridad de la razón.
Sin embargo, pese a contarse con la documentación y pruebas para sustentar esta situación, además de que ya existe un proceso penal abierto en contra de Jaid Mothe Hernández por los delitos de homicidio calificado y abuso de poder, la recomendación de la CDH no va más allá de cuestiones de capacitación.
De manera puntual, el expediente, publicado en el portal de la Comisión, indica que el ayuntamiento deberá dar una compensación económica a los familiares de los dos jóvenes, “con motivo de las pérdidas materiales que dichas personas han tenido que erogar con motivo de la violación a sus derechos humanos, pero también con motivo de los sufrimientos y aflicciones causadas a las víctimas”, para lo cual se debe considerar lo establecido en Ley General de Víctimas.
Además se ordena que la Contraloría municipal inicie procedimientos administrativos en contra de Jaid Mothe Hernández y el juez calificador, que se brinde capacitación a los policías municipales en cuanto al uso de la fuerza y derechos humanos, se emita una circular entre los efectivos de la corporación para que “sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano”, y que se emita un oficio al síndico municipal para que vigile que esta área actúe con apego a la ley.
