Por Shanik David
La Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) avaló que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla mantenga como confidencial la declaración patrimonial de Alfonso Esparza Ortiz, esto a pesar de que el salario del rector se paga con los recursos públicos que recibe la universidad.
Fue a principios de septiembre cuando se solicitó de manera puntual a la universidad “la declaración patrimonial más reciente del rector Alfonso Esparza Ortiz”, mientras que en una segunda petición se requirió “la declaración patrimonial de Alfonso Esparza Ortiz correspondiente a cuando dejó el cargo de Tesorero de la universidad en 2013”.
Sin embargo, la solicitud fue rechazada por la Unidad de Acceso a la Información de la casa de estudios, bajo el argumento de que “ la declaración patrimonial, éstas no pueden ser públicas, dado que se desprenden datos que contienen no sólo información del declarante o del servidor público, sino inclusive de sus dependientes económicos; por tanto, se trata de información que no podemos proporcionar, por estar legalmente imposibilitados para ello (sic)”.
Ante esto se recurrió al organismo garante de transparencia en el estado para presentar la inconformidad ante la respuesta que dio la universidad, toda vez que, en el caso de los funcionarios del gabinete de Rafael Moreno Valle, éstos sí difunden versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales, por lo que no habría inconveniente en que el administrador de la máxima casa de estudios hiciera lo propio.
El caso quedó en manos del presidente de la CAIP, Javier Fregoso Sánchez, quien, al presentar su resolutivo en el pleno, refirió que si bien en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos se indican las modalidades y plazos para que los funcionarios presenten sus declaraciones patrimoniales, esto no los obliga a difundirlas.
A decir del presidente de la Comisión, este documento contiene documentos contienen datos personales que se encuentran protegidos por la ley en la materia, por lo que se confirmaba la clasificación como información confidencial, “sin importar la contraprestación que reciba por sus servicios”, es decir sin que afecte el hecho de que su salario provenga de recursos públicos.
Pese a esto, Fregoso Sánchez refirió que aunque las declaraciones patrimoniales están protegidas, sí pueden hacerse publicas en caso de los titulares de los datos, en este caso Alfonso Esparza Ortiz den su autorización para que éstas se difundan.
Es decir, el rector de la BUAP tendría que comprometerse a difundir su declaración patrimonial y autorizar la difusión de la misma para que se tenga acceso a esta documentación.
