Por: Valentín Varillas
Sin querer, el escándalo desatado en VW por el fraude detectado en el software regulador de emisiones tóxicas en modelos a Diésel en todas sus marcas ha servido para desenmascarar un fraude aún mayor: el del Programa de Verificación Vehicular.
En México, se aplica la medida como supuesto antídoto efectivo a la contaminación de los vehículos automotores, columna vertebral de la política ambiental implementada desde hace dos décadas y media.
Desde el discurso público, se ha intentado vender la utilización de tecnología de punta que detecta con un alto nivel de certeza los motores que contaminan el ambiente.
Juran que los equipos están calibrados de acuerdo a estrictos parámetros que son parte de normas internacionales vigentes en otros países.
Sin embargo, ninguno de ellos pudo detectar que los modelos diésel de las marcas pertenecientes al consorcio alemán circulaban arrojando a la atmósfera niveles de contaminantes que superaban entre 20 y 30 veces los valores permitidos en los Estados Unidos.
En México, empero, los parámetros de medición son distintos, debido a la pésima calidad del diésel nacional que contiene altas concentraciones de azufre.
Aquí, de acuerdo con Semarat, estas unidades se verifican “a partir de la opacidad de las omisiones, la cual se mide con un sensor que se inserta en el escape y que registra los gases que genera y su concentración”.
Ninguna de las unidades de la marca VW fue rechazada en el proceso.
Aunque hay relativamente pocos en circulación, -cerca de 5 mil en la capital del país y en estados como Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos y Estado de México- estos modelos pasaron sin problemas el trámite y pudieron obtener fácilmente los hologramas Cero o Doble Cero y circular bajo la norma mexicana como vehículos no-contaminantes.
En el colmo del absurdo, voces al interior de la planta VW en Puebla aseguraban que los modelos diésel fabricados y vendidos en territorio nacional ni siquiera llevaban el tan controvertido software, porque “aquí no era necesario”.
El tema no es menor: arroja todavía más elementos que demuestran de manera contundente que el programa de Verificación Vehicular tiene únicamente fines recaudatorios y que no aporta soluciones reales al problema de la contaminación.
El caso Puebla es todavía peor.
Bajo criterios de eficiencia y argumentando la necesidad de modernizar sus procedimientos, el gobierno del estado canceló 83 concesiones a propietarios de verificentros en todo el territorio poblano.
Las nuevas concesiones fueron entregadas a personajes muy cercanos a quienes hoy ocupan posiciones clave en la política y el servicio público.
Como seguramente usted recuerda, el caos fue la constante en la puesta en marcha del nuevo modelo.
La ineficacia y la ineficiencia fueron la carta de presentación de un modelo que colapsó apenas en las primeras horas de su aplicación.
Sobra decir que ninguno de los innovadores y de primer mundo centros de verificación que operan en Puebla, pudo tampoco -a pesar de tanta modernidad- detectar las irregularidades en los motores diésel de las marcas VW.
A finales de septiembre, de acuerdo con una nota publicada en el diario Excélsior, las autoridades pidieron a Volkswagen “ responsabilizarse de lo ocurrido, ya que la manipulación que hicieron a las unidades permite que no se registren emisiones contaminantes de hasta 40 veces más de lo permitido y se ostentan como autos limpios y de precios elevados”.
Contundente, ¿no cree?
Eso sí, usted tiene que cumplir, religiosamente, dos veces por año, con una medida que aporta atractivos ingresos al gobierno estatal y a un grupo pequeño de privilegiados que, blandiendo la bandera de la defensa al medio ambiente, han encontrado una vía rápida para hacer negocios millonarios al amparo del poder.
¡Viva el planeta!
