Por Shanik David
El tema de los obstáculos que se le han impuesto a las candidaturas independientes en diferentes estados de la república llegó al pleno del Senado de la república este martes, con la presentación de dos iniciativas que buscan que se establezca un marco constitucional en la materia para evitar abusos por parte de las autoridades estatales.
Sin embargo, destaca que ambas propuestas fueron presentadas las bancadas de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, institutos políticos que al menos en el caso de Puebla fueron quienes votaron a favor de la llamada Ley AntiBronco, por lo que esta propuesta pareciera buscar limpiar el nombre de los partidos por su colución en este obstáculo a los ciudadanos.
Ambas propuestas coinciden en que se debe solicitar el 0.5 por ciento de firmas del listado nominal para que los ciudadanos obtengan su registro como candidatos, y no el 3 por ciento del padrón electoral que se impuso en Puebla.
Además, se amplían los plazos para la recolección de firmas, en el caso de la iniciativa del albiazul de 20 a 60 días, y en el caso de la propuesta que presentó Miguel Barbosa Huerta se indican un período que no debe ser menor a 45 días.
En lo que respecta en particular a la iniciativa de Acción Nacional además de abre la posibilidad de que un candidato ciudadano pueda ir en candidatura común con algún partido político, lo que abre el espectro a las posibles coaliciones partidistas con ciudadanos en los procesos electorales.
Sin embargo, aunque ambos documentos fueron presentados en un mismo sentido, la forma de presentar la problemática refleja un interés de proteger a determinados personajes políticos.
Por ejemplo, en el caso de la propuesta firmada por senadores y diputados de Acción Nacional, se hace alusión a las controversias constitucionales que se han presentado en diferentes estados de la república, sin mencionar de manera puntual los estados que se han visto involucrados en la “serie de irregularidades y contradicciones que generan violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos”.
Solamente se indica que es necesaria la reforma de los artículos 35, 41, 73 y 116 para detallar que tienen que ser las leyes generales en materia electoral las que establezcan los lineamientos para las candidaturas ciudadanas en temas como el porcentaje de firmas, plazos, tiempo que el aspirante tiene que tener separado de algún cargo partidista, el acceso a prerrogativas y espacios en radio y televisión, el financiamiento público y privado y demás cuestiones de este nuevo modelo electoral.
Sin embargo, en el caso de la iniciativa del PRD, se señala de manera puntual a los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas de implementar acciones, desde los gobiernos de los estados que “consideran a la política como un espacio de élites”.
Incluso se usa el caso concreto de Puebla para ejemplificar los abusos cometidos con la imposición de requisitos como la presentación personal de las firmas de respaldo a los candidatos, la cual se califica de irracional.
“Rechazamos las reformas que desde los gobiernos de los estados se han impulsado y en varios casos concretado, para obstaculizar y en los hechos anular la concreción de las candidaturas independientes”, se señala en el documento que presentó el senador Barbosa.
Ambas iniciativas fueron enviadas a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos, para su análisis y posible aprobación.
Resalta que, horas después de que se presentó la iniciativa en el Senado, el área de Comunicación Social del gobierno del estado hizo circular fotografías de un encuentro que sostuvo el titular del Ejecutivo Rafael Moreno Valle, con el senador Barbosa en las instalaciones de la Cámara Alta en la Ciudad de México.
