Por Shanik David
A más de dos meses de la detención que sufrieron siete estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) acusados de haber colocado aparatos explosivos en edificios públicos el proceso penal abierto en su contra sigue adelante y aunque han buscado la protección de la justicia federal, ésta les ha sido negada.
Por este motivo, con el inicio del ciclo escolar, los estudiantes consideran dar de baja algunas materias a las que se habían inscrito, por el temor de que al acudir a la universidad sean detenidos una vez más.
Esto lo informó Carolina Barranco, representante del Comité para la Libertad de los Presos Políticos de Puebla, quien señaló que los adolescentes han tenido que cambiar aspectos de su vida por la persecución de la que son objeto.
Detalló que aunque se presentó la solicitud de amparo ante los juzgados federales, se les exigía a los jóvenes a que al menos uno de ellos tenía que acudir de manera personal a las oficinas del tribunal a firmar los documentos y ratificar que ellos pedían el recurso.
Esto, agregó, es ilógico considerando que pesa sobre ellos el riesgo de ser detenidos en cualquier momento, y que el amparo es para protegerlos de este tipo de acciones.
Al no presentarse, el recurso fue desechado por los jueces, por lo que la activista acusó que la presión de la que son objeto los jóvenes no es sólo del gobierno del estado sino también de parte del federal.
Sin embargo, adelantó que se buscarán otros mecanismos para proteger a los estudiantes, aunque saben de antemano que en muchos casos éstos no son suficientes para detener la embestida judicial.
Agregó que hace tan sólo unas semanas, se agregó al expediente de cinco de los jóvenes, el elemento de que forman parte del Comité para la Libertad de los Presos Políticos, por lo que no descartó que el proceso que tienen abierto tenga algo que ver con este activismo de su parte.
Esto, apuntó, pues de cierta manera los estudiantes son los más vulnerables del movimiento, pues el resto de los integrantes son académicos e investigadores; “es el hecho de decir ‘me evidencias, de alguna manera tiene que haber una acción en consecuencia’”.
Hay que recordar que la madrugada del 5 de junio fueron sacados de sus domicilios Juan Carlos Tepole Ixtacua, Axel Jiménez Morillo, Ana Rosa Zilli Colorado, Erick López Cruz, Shariff Guerrero Contreras, Carlos Arafat Rosas Burguess y Dulce Carolina Parra Escalona, acusados de haber sido responsables de la colocación de artefactos explosivos de fabricación doméstica en las oficinas del Instituto Nacional Electoral ubicadas en la colonia Agua Azul, de la delegación de la Secretaría de Economía, y en un paradero de la línea 1 del Metrobús.
Los jóvenes estuvieron incomunicados durante varias horas en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia, y cuando se les notificó sobre su caso se les informó que fueron acusados de estos hechos en una carta anónima, sin que se tuvieran más elementos en su contra.
