Por: Valentín Varillas
La presidencia de la República ha decidido, por enésima ocasión, eliminar cualquier autocrítica en su estrategia de control de daños después de la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Lo anterior se hizo evidente en la rueda de prensa del lunes, encabezada por el todavía Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
En los balbuceos dados a conocer a la opinión pública, hubo una constante: la huida del enemigo número uno del país se dio como conjugación de una serie de factores en donde no existe ningún tipo de responsabilidad y mucho menos complicidad de las más altas esferas gubernamentales.
El hilo, claro está, se rompe por lo más delgado al optar por el cese de las autoridades carcelarias y se pretende que con eso, el daño moral quede subsanado.
Para nada.
La gravedad del asunto ameritaba renuncias inmediatas de primer nivel.
El jefe del gabinete federal no habló públicamente de las enormes fallas que se dieron en torno al obeso aparato de inteligencia nacional que en los hechos resultó inoperante e ineficiente para anticipar la fuga.
Avisos existieron de sobra.
Desde los reportados a través de supuestas cuentas operadas por los familiares del capo, hasta los documentales debidamente protocolizados que fueron enviados por instancias de la inteligencia norteamericana.
Después, las argucias técnicas para justificar el colapso de los dispositivos utilizados para el monitoreo permanente del reo más importante del sistema carcelario mexicano.
En resumen: todos son culpables menos ellos.
El asunto no es menor, al contrario, parece francamente alarmante.
La estrategia se utiliza hasta la saciedad para proteger lo que queda de la imagen del presidente de la República, pero en en los hechos, ésta ha generado un efecto boomerang que explica la enorme falta de confianza y el repudio ciudadano hacia este gobierno.
Los avezados asesores presidenciales parecen no querer verlo.
Más grave sería el escenario en donde quienes llevan hoy las riendas de este país en verdad se crean que no son directamente responsables de este y otros muchos casos que se han convertido en escándalos nacionales.
Así pasó con la versión oficial del tráfico de influencias que le permitió a personajes de primer nivel del gobierno federal hacerse de valiosos bienes inmuebles en condiciones preferenciales.
También con el intento de explicación que se intentó vender en voz de la propia Primera Dama del país cuando se hizo pública la onerosa mansión de su propiedad.
¿Y qué me dice del manejo discursivo alrededor de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa?
A pesar de que la Federación tenía indicios de las relaciones perversas de los Abarca con grupos delincuenciales, optó por hacerse de la vista gorda y evadió tomar cartas en el asunto.
Y lo mismo sucede cuando escuchamos justificaciones alrededor de la falta de resultados en el combate a la delincuencia o en el manejo de la economía.
Poca, muy poca confianza da un gobierno que sistemática y públicamente evade asumir la responsabilidad que le toca ante sus fallas y omisiones.
Y lo peor, al no haber una aceptación de los errores y pifias cometidos, es imposible que se generen estrategias efectivas que le permitan combatir de mejor manera los enormes problemas que nos aquejan como nación.
Sí, hoy más que nunca el panorama luce oscuro.
