A partir de ahí, la joven quedó inmovilizada de medio cuerpo para abajo.
Las intervenciones quirúrgicas necesarias, serían muchas y de altísimo riesgo.
Los requerimientos médicos y de atención, de acuerdo a la gravedad de su estado, tendrían que ser permanentes.
Dentro de toda esta terrible tragedia, que les cambiaría la vida para siempre, la familia Carrión Mora tenía por lo menos un aliciente: la póliza 107477721 contratada con Grupo Nacional Provincial, que amparaba un seguro de gastos médicos mayores con cobertura nacional ilimitada.
En teoría, con este documento, el tratamiento y la atención médica de Adriana estaría garantizada, por el tiempo que fuera necesario.
Nunca se imaginaron el chasco que se llevarían apenas 272 días después del accidente.
Y es que, de manera unilateral, la empresa aseguradora decidió dejar de pagar la estancia hospitalaria, el tratamiento y las terapias de la paciente, basándose en una supuesta alta médica que jamás existió.
GNP, a través de un documento fechado el 8 de mayo de 2015, le comunica al Hospital Puebla que ha “determinado suspender el pago directo a partir del 9 de mayo de 2015 a las 12 horas” y que “en caso de continuar hospitalizada (la joven), los gastos quedarán a cargo del asegurado”.
En el oficio, se maneja que “en días anteriores, se confirmó por el médico tratante (Dr. Juan Carlos Bueno) el egreso el día 17 de abril de 2015, el cual no se concretó”.
Al enterarse de lo anterior, la familia Carrión Mora exigió ver el alta médica.
Jamás se la mostraron.
Procedieron a buscar al Dr. Bueno, supuesto responsable de haber autorizado el supuesto documento con el que GNP amparaba la suspensión del pago de la póliza y se encontraron con la noticia de que, de manera por demás súbita, había dejado de asistir al hospital.
Después de un par de días de intensa búsqueda, el galeno le confesó muy en corto a Armando Carrión, padre de Adriana, que jamás había firmado el alta médica de su hija y que había recibido presiones por parte de la aseguradora, en cuya lista de médicos recomendados se encuentra, para dejar de atenderla y olvidarse del caso.
Amenazó con negarlo todo si esta confesión se hacía pública o era utilizada como argumento legal para conseguir que GNP cumpliera con su compromiso.
Una vez suspendido el pago, el hospital ha procedido a cobrarle a la familia.
La cuenta se incrementa a razón de 7 mil pesos diarios.
Armando Carrión no tiene actualmente empleo.
Perdió su negocio por un abuso oficial que le contaré en una entrega posterior.
En aras de cubrir un pago “urgente” de 40 mil pesos, que el director del Hospital Puebla, Miguel Ángel Rivera, le exigió con la amenaza de “echar a su hija a la calle”, tuvo que recurrir al endeudamiento y a vender los poquísimos activos personales con los que contaba.
La historia, coincidirá conmigo, indigna.
Pone en evidencia la mafia que operan sin pudor y de manera conjunta, aseguradoras, médicos y hospitales en agravio de los asegurados.
Esos que de buena fe confiamos nuestro dinero a empresas sin ética que jamás responderán cuando se les necesita; que se esconden , tergiversan la verdad y hasta caen en conductas delincuenciales como la falsificación de documentos y el engaño, cuando llega el momento de cumplir.
Hace algunos meses le presenté el caso de la señora María Eugenia Sobero y GNP.
Hoy, la aseguradora vuelve a dar la nota, demostrando así que las historias de incumplimiento no son hechos aislados sino el resultado de una bien planeada política de empresa.
Vergonzoso.
