La Comisión para el Acceso a la Información Pública ahora realizará evaluaciones anuales no semestrales a los sujetos obligados, esto por el aumento en responsabilidades del organismo y la reducción de recursos.
Durante la sesión del pleno de este jueves, se presentó un oficio redactado por la coordinación general ejecutiva, y avalado por la coordinación jurídica, del organismo, en el cual se explica que, ante la inminente entrada en vigor de la nueva Ley General de Transparencia a nivel nacional, y la homologación que se hará en los estados de esta norma, el número de entidades locales objeto de revisión incrementará considerablemente.
Durante la última evaluación fueron revisados 88 sujetos obligados, entre secretarías del gobierno del estado, organismos públicos descentralizados, entidades electorales, ayuntamientos y partidos políticos; sin embargo, la nueva ley nacional además contempla como instituciones obligadas a rendir cuentas a fideicomisos, sindicatos y organismos que reciban recursos públicos.
De esta manera, incrementarán los organismos a evaluar por la comisión, la cual opera en la actualidad con lo más básico en cuanto a recursos físicos, financieros y humanos, reconoció el comisionado presidente Javier Fregoso Sánchez.
Aunque la decisión, aseguró Fregoso Sánchez, fue tomada por la cuestión de la nueva ley, sí influyó la precaria situación en la que se encuentra la comisión, pues incluso como parte de las medidas de austeridad el gobierno del estado recortó un 8 por ciento el presupuesto de la CAIP.
Esto representa un monto cercano a un millón de pesos, según comentó el comisionado, lo cual implicará que tendrán que hacerse ajustes al interior de la comisión.
En la actualidad en la comisión trabajan sólo 20 personas, a quienes incluso ya se les aplicó una reducción del 5 por ciento en sus salarios.
Por este motivo, y ante la necesidad de dar mayores capacitaciones a los sujetos obligados, fue necesaria la reducción de las evaluaciones, según comentó Fregoso Sánchez.
En estas evaluaciones se revisan los portales de internet de los sujetos obligados, para determinar si cumplen o no con su obligación de tener desplegada su información pública de oficio que está establecida en la Ley de Transparencia del estado.
