El gobierno del estado mantiene en la opacidad los contratos de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) que se tienen vigentes, e incluso las respuestas que proporciona al respecto cambian con el paso del tiempo.
En la sesión del pleno de la Comisión para el Acceso a la Información Pública de este jueves se presentó un expediente en el cual se hacía alusión a una solicitud presentada ante la Secretaría de Finanzas y Administración, en la cual se pedía el listado de los PPS vigentes, el monto que representaban, la empresa beneficiada por el contrato, el monto de pago mensual, el período de vigencia y la fecha del último pago.
En respuesta a esta petición, la dependencia respondió que sólo se tiene abierto el PPS de la construcción del Centro Integral de Servicios, pero que para conocer el nombre de la empresa encargada de la obra se debía solicitar directamente a la Secretaría de Infraestructura, pese a que es la SFA quien lleva las contrataciones del gobierno estatal.
El recurso de revisión fue desechado por los comisionados debido a que, de acuerdo con las cuentas del comisionado Federico González Magaña, la queja se presentó de manera ex temporal, por lo que no se discutió ni analizó el asunto.
Sin embargo, la respuesta de la administración estatal generó una serie de dudas, pues si bien para el 16 de octubre sólo reconocía un PPS, meses antes el entonces titular de la secretaría había reconocido la existencia de otros contratos de este tipo.
En febrero de 2014, durante su comparecencia ante el congreso, Roberto Moya Clemente informó a los diputados que los PPS que tenía contratados el gobierno del estado ascendían a 6 mil millones de pesos.
Sin embargo, tan sólo la construcción del CIS representó una inversión de 3 mil millones de pesos, pagaderos a 23 años, por lo que quedan por aclararse otros 3 mil millones de pesos por lo menos.
Pese a que este es el reporte oficial de la administración estatal, existen otra serie de obras que han sido financiadas bajo este esquema, como la construcción de la plataforma para la planta de Audi en San José Chiapa, que costó cinco mil millones de pesos; el Museo Internacional del Barroco, que fue tasada en poco más de siete mil millones de pesos, entre otras obras.
Los PPS son contratos que firma el gobierno del estado con empresas para el desarrollo de ciertos proyectos, los cuales tienen una vigencia de al menos 15 años; durante este lapso, la constructora recibe un pago anual para solventar el costo de la obra, y además se queda con los recursos que genere ésta ya sea por concepto de rentas o uso del mismo.
