¡Qué más da que lo anterior en los hechos no resista el menor análisis!
El objetivo central del faraónico evento de hoy, será seguir vendiendo mediáticamente al mandatario fuerte, al que no le tiembla la mano para hacer cumplir la ley, al que le sobran yemas y claras para mantener a raya a quienes se atrevan a disentir.
Sin embargo, el hacer valer el estado de derecho supondría que la ley se aplique de manera pareja para todos, evitando que se viva un estado de excepción que favorezca a servidores públicos involucrados en conductas delictivas.
Eso no pasa en Puebla.
Aquí, los sistemas de procuración y administración de justicia se utilizan para ajustar cuentas con quienes han sido etiquetados como “enemigos del régimen” y de paso, se ha mostrado intencionalmente incapaz de resolver el asesinato de un niño indígena a manos de policías estatales a más de medio año de los hechos.
Al contrario, en el caso de José Luis Tehuatlie Tamayo, cuyo fantasma se paseará por el renovadísimo y pulcro Auditorio Siglo XXI,desde lo más alto del poder político local se orquestó una estrategia perversa que tuvo como objetivo primero defender la “teoría del cohetón” -una mentira oficial que técnica y jurídicamente no resistía el menor análisis- y luego para proteger al asesino del menor, quien por cierto goza hasta la fecha de absoluta impunidad.
¿Qué trato merecen quienes han pervertido así las instituciones oficiales?
Si es cierto que nuestra entidad es un estado de leyes, deberían de iniciarse procedimientos penales en contra de quienes alteraron las investigaciones para encubrir al o a los asesinos y que han permitido que estos gocen hasta la fecha de la más absoluta impunidad.
¿Será este el anuncio espectacular del mensaje de hoy?
Por favor.
Responsables existen, tienen nombre y apellido: los agentes del MP que respaldaron la versión oficial de los hechos y alteraron intencionalmente pruebas, declaraciones y evidencias; los médicos que avalaron falsos dictámenes que establecían que la onda expansiva de un artefacto explosivo había perforado el cráneo del menor, hasta el procurador que fue el autor intelectual y responsable directo de haber llevado una investigación sesgada, parcial, prostituida, que en los hechos resulta una auténtica mentada de madre al concepto de “procuración de justicia”.
¿Qué pasará con todos ellos?
¿Habrá el tan cacareado “estricto apego al estado de derecho”?
¿Los veremos en la cárcel acusados de delitos como encubrimiento, u otros más considerados como “graves” por el Código Penal poblano?
Si la ley es justa, todos ellos merecerían un tratamiento por lo menos similar al de todos los opositores detenidos en nombre del hoy muy chueco “estado de derecho”.
¿O no?
