Se trata de personajes poderosísimos que destinaron muchos de sus millones para el proyecto Peña Nieto y que no sólo no sienten que su inversión haya sido productiva, sino que consideran que han sido afectados en sus intereses por políticas públicas diseñadas desde la oficina principal de Los Pinos.
Los focos rojos al interior de este influyente sector se prendieron a partir de la embestida oficial en contra de uno de los que eran considerados como de los “consentidos” del actual régimen: Germán Larrea Mota Velasco, director de grupo México, la minera más grande del país y tercera mayor productora de cobre a nivel mundial.
Después de décadas de contaminar impunemente ríos y mantos freáticos en estados como Sonora y Guerrero, la Semarnat decidió ponerle un alto a partir del derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el río Bacanuchi, afluente del río Sonora.
Más allá de la multa impuesta por la autoridad (40mdp), llamó la atención la saña con la cual la empresa fue exhibida y desprestigiada por el aparato propagandístico oficial.
Lo anterior no gustó nada a notables miembros de esta cúpula que cerraron filas en torno a Larrea y sumaron su capital y relaciones para emprender una campaña mediática que pretendía “lavarle la cara” y desmitificar al empresario.
Los dueños de las dos televisoras nacionales no escapan a la molestia contra el presidente.
Si bien siguen operando en términos de códigos “oficiales” y bien claros en su manejo editorial e informativo, ha llamado la atención el endurecimiento de los mismos a partir de escándalos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Es evidente que lo anterior se explica en parte por la enorme presión social y el consecuente desprestigio de quienes representan al medio masivo por excelencia, pero también es cierto que intencionalmente han dejado pasar información y críticas que dañan severamente la ya de por sí alicaída imagen presidencial.
Los señalamientos al presidente y su esposa durante las transmisiones del Teletón fueron planeadas con toda antelación, midiendo el efecto y las consecuencias que estas tendrían en la opinión pública nacional.
El mensaje fue clarísimo.
Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego nunca estuvieron de acuerdo con la decisión de Peña Nieto de licitar la tercera cadena nacional de televisión abierta, ni con los candados impuestos para evitar su participación directa, o bien a través de terceros o incondicionales.
Hay que sumar a esta lista el caso de Carlos Slim, “afectado” por la aprobación de la reforma en telecomunicaciones.
El empresario, uno de los hombres más ricos del mundo, es un personaje por demás cercano a Andrés Manuel López Obrador, acérrimo crítico del actual grupo en el poder y quien desde ahora es visto por el régimen como la principal amenaza para la elección presidencial del 2018.
Entre los aliados de Slim se encuentra la periodista Carmen Aristegui quien entre otras cosas ha ventilado en su espacio noticioso escándalos como el de la “Casa Blanca” propiedad de la Primera Dama y en donde está involucrado uno de los empresarios consentidos del presidente: Juan Armando Hinojosa Cantú.
La publicación del escándalo se dio en medio de la indignación social causada por el pobre desempeño que mostró el gobierno federal en el caso de los normalistas.
Un auténtico misil a la credibilidad del régimen.
Otros empresarios, como los que forman el famoso “grupo Monterrey”, no han escatimado críticas al gobierno de Peña.
Tomando la bandera del rechazo a los puntos centrales de la reforma hacendaria, despedazaron mediáticamente el nuevo marco normativo y aprovecharon sus alianzas con personajes al interior del Partido Acción Nacional para intentar revertir las medida.
Están dispuestos ya desde ahora a poner su capital al servicio de proyectos políticos ajenos a los intereses presidenciales.
El mensaje más reciente de la molestia empresarial lo mandó Alfonso Romo, principal responsable del acuerdo político al que ha llegado el ex panista Manuel Espino con Dante Delgado Rannauro, para sumar los esfuerzos de la organización política Concertación Ciudadana, con los del partido Movimiento Ciudadano y conformar una oferta electoral que compita en el 2015.
El panorama no puede lucir peor para el presidente Peña.
Más allá del mayoritario rechazo ciudadano a su gestión, habrá que sumarle la molestia de esta poderosa e influyente cúpula que en buena medida influyó en el triunfo obtenido en la elección del 2012, el precio del barril de la mezcla mexicana por los suelos y el dólar por las nubes.
Agregue la inseguridad fuera de control, el debilitamiento de las instituciones del Estado y su consecuente infiltración por el crimen organizado y obtendrá un cocktail explosivo que en cualquier momento puede detonar con consecuencias fatales para quienes dicen llevar las riendas del país.
