Roberto Alonso, integrante de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y del Nodo de Transparencia de Actívate por Puebla, sostuvo que la inclusión de funcionarias del gobierno del estado en el proceso de renovación de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) confirma que se trata de un proceso “inequitativo y viciado”.
Y apunto el especialista que resalta la inclusión Monserrat Aguirre Barbosa, quién trabaja en la Contraloría del estado, dependencia que hasta hace unos meses encabezaba el actual diputado Eukid Castañón, operador político del gobernador del estado.
“Hay al menos dos funcionarias actuales del gobierno del estado interesadas en ser elegidas comisionadas, esto alerta, pues si bien la ley de Transparencia establece que pueden participar siempre y cuando tengan experiencia en la materia, no deja de llamar la atención, si lo analizamos pues desde el punto de vista político, que una persona de la Contraloría cuyo ex titular ahora es diputado y se le conocen sus cercanos vínculos al gobierno del estado, me refiero al diputado Eukid Castañón, esté participando en el proceso”.
Aunque aclaró no descarta que la candidata oficial pudiera ser alguien más, “hay que ser conscientes de que puede haber diferentes apuestas, es decir que no necesariamente estaría en una persona la apuesta del grupo político interesado en mantener el control de la comisión”.
Pero de lo que no hay duda, planteó, es en ese interés en mantener el control del organismo como sucedió con la llegada primero de Javier Sánchez Fregoso y luego con Federico González Magaña.
“El comisionado que fue elegido hace un año, me refiero a Federico González Magaña, en medio de un proceso cuestionado, su misma designación fue cuestionada y luego vimos, pocos meses después de su elección, dio cuenta de cuál iba a ser su posición al interior de la comisión, una posición poco independiente que más bien a favorecido a los Sujetos Obligados, particularmente a las dependencias del gobierno del estado y no a los ciudadanos.
Y agregó: “Sabemos que hay un control sobre la comisión como lo hay sobre otras instituciones autónomas y no autónomas, el propio Congreso ha sido señalado como una instancia que esta al servicio del gobierno del estado, en ese sentido nos parece que si hay una apuesta clara por mantener el control”.
Roberto Alonso cuestionó además que los diputados utilizaran como argumento para justificar su retraso en la emisión de la convocatoria el que el Tribunal Superior de Justicia estaba realizando un análisis jurídico a la elegibilidad de la actual comisionada, Alexandra Herrera Corona cuando el propio presidente del TSJ, Roberto Flores Toledano rechazó que haya intervenido en el proceso.
