Tan sólo tres horas acabaron con el local comercial, expropiado por el gobierno de San Andrés Cholula para la realización del proyecto de ampliación de esta vialidad.
Esta mujer rentaba el espacio, por lo que no recibió siquiera algo del dinero que el gobierno destinó al pago de propietarios de inmuebles en ese lugar.
Al contrario, perdió todo lo que por años invirtió en el acondicionamiento y mejoras necesarias para llevar a cabo su actividad comercial.
El dueño, por cierto, fue notificado de que su propiedad se iba a expropiar menos de 24 antes del operativo realizado.
Hace unos meses, fue notificado de la realización del proyecto y de la inminente expropiación de su inmueble.
Funcionarios del gobierno de San Andrés le dieron a conocer el precio determinado por el cabildo para la obligada compra, el cual, como siempre, estaba muy por debajo de su valor comercial.
Como era de esperarse, la respuesta fue negativa, pero siempre dejando en claro la intención de abrirse a una negociación que conviniera a ambas partes.
Jamás fue contactado otra vez.
De manera fulminante se concretó la expropiación “express” y ahora tendrá que esperar a que le paguen sus locales comerciales al precio fijado unilateralmente.
Y es que, alrededor de los siempre frío criterios de expropiación de predios en nombre del progreso, se escriben historias de carne y hueso de quienes resultan ajenos a los postulados de “utilidad pública” que legalmente justifican estas acciones.
En este caso particular, una mujer trabajadora, en 180 minutos se quedó sin los medios para llevar el sustento diario a su familia.
¿Justo?
No.
“El costo que hay que pagar para generar auténtico progreso” —es el pretexto.
