Como un estado con contrapesos políticos inexistentes y que vive bajo una tentación autoritaria de control y represión gubernamental, ejemplo de ello es la Ley Bala, así caracterizó Fernando Fernández Font a la entidad durante su primer informe de labores al frente de la Universidad Iberoamericana Puebla.
Con un mensaje sin concesiones políticas, el rector de la iberoamericana Puebla, quién repite por segunda ocasión al frente de esa casa de estudios criticó también el fracaso del Pacto por México, que “no dio cabida plena a los intereses de la sociedad” y devino en una reforma electoral que evidenció que vivimos en una partidocracia que sólo lucha por el poder y el dinero del erario”.
El jesuita, ante el arzobispo de Puebla, rectores de otras instituciones, representantes del gobierno federal, legisladores, empresarios, académicos y alumnos de esa institución, también cuestionó las 95 reformas que se aprobaron en los dos primeros años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto pues dijo que lejos de atender los graves problemas de país, “la violencia exacerbada, la injusticia e inequidad, la sistemática violación a los derechos humanos, así como la expansión de enclaves autoritarios y de estado fallido en el territorio mexicano, ilustran que el actual gobierno federal ha sido deficitario en gobernabilidad, democracia y justicia social”.
Fernández Font también cuestionó que no existen políticas públicas impulsadas desde el gobierno federal para atender la corrupción endémica que atraviesa el país, a pesar de que fue una de las promesas de campaña de Enrique Peña Nieto.
Y puso el acento en la reforma del sector de las telecomunicaciones, al señalar que las modificaciones legales solo benefician los grandes monopolios, y que esto limita la pluralidad de los medios y margina a los medios comunitarios e independientes.
En su análisis sobre la problemática nacional, Fernández Font también apuntó hacia los estados.
“En el marco estatal, los gobernadores han acrecentado un control muy importante sobre sus territorios a base de un ejercicio de la autoridad que no admite contrapesos”.
Ahí señaló que, en el caso específico de Puebla, “la situación de los derechos humanos se encuentra amenazada entre la tentación autoritaria de control y represión gubernamental de la movilización y la protesta, y los fenómenos de violencia social y sexual que se han incrementado en los últimos meses. Como se ha documentando y denunciado por diferentes actores los contrapesos en el estado son cada vez más inexistentes, lo que ha traído como consecuencia por mencionar un ejemplo evidente la aprobación de leyes polémicas que no se discuten públicamente ni son objeto de un análisis multifactorial y respetuoso de los derechos humanos como se espera de un régimen democrático”.
Una bomba de tiempo.
Tras su informe de labores, Fernández Font fue cuestionado sobre la problemática estatal y la ausencia de contrapesos que ya había señalado. Ahí, el dirigente de la Ibero primero señaló que la actual administración ha mostrado mucha iniciativa para realizar obras, pero que muchas de ellas son solo de ornato, “y eso a quién beneficia, Puebla sigue siendo un estado de máxima pobreza, estamos como en el cuarto lugar de pobreza, y toda esa serie de obras que se están realizando pueden atraer más turismo, pero la pregunta es ¿la derrama económica en quién se va a quedar?
También señaló que a nivel de corrupción lo que se encuentra en su regreso a la iberoamericana, pues su primera vez al frente de la universidad coincidió con el sexenio del gobernador Mario Marín Torres, “es igual al pasado, no hay leyes anticorrupción, no hay un sentido democrático más claro, ¿hay discusión en el Congreso sobre las leyes que se aprueban? Pues no, hay sólo una manera de proceder”.
Y ejemplificó: “si tu analizas como fue el proceso para aprobar la Ley Bala, fue un proceso sumamente terso y rápido y sin discusión. Hay un Congreso a modo para simplemente responder inmediatamente a las iniciativas del ejecutivo, yo digo ¿cuál es el contrapeso? Por un lado hacia el interior de la cámara no se ve un contrapeso, y en el fondo lo que más preocupa es que no se están haciendo leyes en función del pueblo, en función de abatir la pobreza, en función de una mayor representatividad, de una mayor democracia”.
Nadie, dijo, quiere enemistarse con el poder, y si te vuelves crítico corres el riesgo de sufrir un ataque como sucedió con el investigador de la BUAP, Ricardo Pérez Avilés, y del que nadie, fuera de la ibero, quién levantó la voz tras los sucedido.
El dirigente universitario reconoció que las élites y posibles contrapesos sociales en muchos casos han preferido centrarse en sus problemáticas más inmediatas como el tema de la inseguridad, antes de apostar por impulsar acciones encaminadas a atender los problemas de fondo como la desigualdad social y económica lo que podría en plazo más largo ayudar a disminuir la incidencia delictiva común al abonar a sociedad más justas e igualitarias.
“El problema es que estamos en una bomba de tiempo, es decir mientras más se abre la brecha entre los que tienen y los que carecen de lo mínimo pues es difícil saber lo que va a pasar, no sé si en dos días va a explotar, pero si no hay una respuesta a esta situación algo grave puede pasar”.
