También, requiere de acciones de política pública justamente para construir las condiciones que permitan que toda esa diversidad tenga la protección, el acceso y la garantía a todos los derechos humanos en condiciones de igualdad.
En este contexto una condición indispensable es, abordarlo desde la necesaria eliminación de la discriminación, derecho humano consagrado en nuestra norma fundamental, como eje básico para propiciar ese cambio cultural que nos permita adoptarnos, reconocernos y aceptarnos por encima de cualesquiera que sean nuestras preferencias sociales o políticas, orientaciones diversas o condiciones en lo general, que contribuirá sin duda a favor de la igualdad. De ahí que el carácter estructural que presenta, requiere de la intervención del Estado.
De ahí la importancia del primer Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación 2014-2018 (PRONAIND) que hace unos días fue presentado y que se convierte en una herramienta que involucra a todas las dependencias de la Administración Pública Federal y convoca a los estados de la República y a todos los actores del país a que impulsen una cultura social y política basada en la equidad, la reciprocidad y el respeto a las diferencias, de manera que todas las personas, sin distinciones, ejerzan sus derechos. Este programa es de observancia obligatoria y todas las instituciones están sujetas a sus disposiciones. (DOF/28-04-14)
Su sustento legal está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que incorpora una clausula antidiscriminatoria (2001) prohibiendo toda forma de desigualdad de trato hacia los grupos históricamente discriminados y por ello excluidos del acceso regular a los derechos fundamentales. A partir del 2011 con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el derecho a la no discriminación se contempla como un derecho humano, que el Estado mexicano se obliga a garantizar.
El PRONAIND se conforma por un Diagnóstico que demuestra las insuficiencias que persisten en el ámbito de lo público, los rezagos en la armonización del orden jurídico nacional y la limitada normatividad y coordinación institucional en el ámbito de la desigualdad y la discriminación; plantea la alineación a las metas nacionales (PND 2014-2018) precisando objetivos, estrategias y líneas de acción; propone Indicadores y un programa de transparencia para las dependencias y/o entidades de la administración.
Rescato una parte del programa que sin duda me parece fundamental justamente para que en la armonización del orden jurídico sean contempladas. La inclusión de todas y cada una de las definiciones de los conceptos que deben manejarse (Glosario) basadas en textos científicos conceptuales, así como en leyes e investigaciones y resolutivos plasmados en los tratados internacionales. Ello derivado de que en mi actual responsabilidad, al hacer comparativos con leyes estatales, resulta que muchas de las definiciones de conceptos, en diversas leyes en estas materias, son modificadas cambiando absolutamente el sentido de las mismas.
Acercarse a este Programa nacional (PRONAIND) y adoptarlo, me parece que sería de mucho beneficio para todos y todas. Por ello invito a consultarlo en el sitio http:/www.conapred.org.mx y en http:/www.segob.gob.mx
