La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó que la respuesta por parte del Estado mexicano frente a la migración de niñas, niños y adolescentes no acompañados es frecuentemente su criminalización a través de la imposición de medidas como la detención migratoria.
El informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México” detalla que “en el actual contexto de violencia generalizada en algunas zonas de la frontera norte de México, los niños, niñas y adolescentes suelen ser utilizados por la delincuencia organizada para realizar actividades relacionadas con el tráfico de personas o el trasiego de drogas. En este sentido, a la Comisión le preocupa que la respuesta por parte de los Estados frente a estas situaciones sea la criminalización de estos niños a través de la imposición de medidas privativas de la libertad personal”.
Sin embargo, se explica que la Comisión valora positivamente la importancia que han tenido medidas del gobierno federal “tales como el diseño del Modelo para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas, y Adolescentes Migrantes y Repatriados No Acompañados, en conjunto con Unicef, y la creación de Oficiales de Protección Integral de la Infancia (OPIS) que operan en el Instituto Nacional de Migración”.
En el informe la CIDH alerta que los niños, adolescentes y mujeres migrantes son los más vulnerables en su paso por México.
El relator Felipe González, encargado de la realización de dicho informe dijo que en México se dan “violaciones que afectan a ciertos colectivos como mujeres, niños y niñas” migrantes.
De acuerdo con la CIDH “el informe da cuenta de que ellas y ellos (niños, niñas y adolescentes) son frecuentemente víctimas de abusos verbales y físicos durante su tránsito a través de México”.
En el caso de las mujeres migrantes, la CIDH informó que la violencia sexual se ha convertido en parte de su recorrido por México hacia Estados Unidos, “quienes además se ven amenazadas por la trata con fines de explotación sexual o prostitución ajena”.
González explicó que en el informe se contabilizaron “una cantidad importante de denuncias” de violaciones de derechos humanos de migrantes por parte de agentes estatales, “de manera directa o por convivencia del crimen organizado”.
La CIDH informó que hay indicios de que “muchas de las graves violaciones a los derechos de los migrantes se dan en el contexto de abuso de autoridad por parte de agentes estatales del Instituto Nacional de Migración o los distintos órdenes de policía”.
El informe también cuenta con el registro de casos de abusos y crímenes en contra de migrantes por parte de organizaciones de narcotráfico y el crimen organizado, que incluye casos de masacres de decenas de personas, así como de secuestros masivos durante su tránsito por México.
“El informe recoge testimonios personales de sobrevivientes de estas situaciones, así como de personas cuyos familiares desaparecieron en su recorrido hacia Estados Unidos y los diferentes obstáculos que enfrentan en su intento de localizarlos”, informó la CIDH.
En el informe se detalla que la situación de las violaciones de derechos humanos se agrava por los obstáculos que enfrentan los migrantes y sus familiares para acceder a la justicia, lo que fomenta impunidad por los delitos y violaciones a las víctimas.
