Una fue la solicitud concreta del mandatario poblano: el espaldarazo a través de cualquier instancia federal a la versión oficial de los hechos.
Con la confianza de que la intermediación de Miranda abonaría a sus intereses, el gobernador se adelantó a solicitar que la Procuraduría General de la República atrajera las investigaciones.
Pasó el tiempo y nada.
Mientras el interlocutor le mandaba señales de certidumbre, la posición del gobierno de Peña Nieto se endurecía.
La tan ansiada intervención de la PGR de plano no llegaba y al final brillaría por su ausencia.
A la par, senadores del PRI —siguiendo órdenes directas de Los Pinos— presentaban un punto de acuerdo para condenar la represión en Chalchihuapan y pedir la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en las investigaciones.
Paralelamente, medios nacionales y columnistas con ligas cercanas al presidente arreciaban el azote mediático contra el gobernador de Puebla.
El periodista Raymundo Riva Palacio manejó en su columna que la SEIDO habría revivido un par de investigaciones contra el gobernador de Puebla, que estaban congeladas antes del asesinato de José Luis.
Otra más tiene que ver con la indicación de la Secretaría de Hacienda de controlar el gasto público debido a la desaceleración económica en el 2013 en el momento preciso en el que el gobierno de Puebla echaba a andar un histórico programa de obras en el estado.
Las dudas de la federación sobre el origen de esos recursos, amparados en el famoso esquema de los PPS, siguen vigentes.
Después, la intervención de la Secretaría de Gobernación federal para obligar al gobierno de Puebla a sentarse a la mesa de negociaciones con la organización Los de Abajo.
Un Luis Maldonado cerrado absolutamente al diálogo político tuvo que tragar espeso y abrir un canal de comunicación con “sus enemigos”.
El saldo no pudo ser peor para el gobierno poblano.
El gobierno de la República obligó al del estado a promover un incidente de liberación a favor de los detenidos por la toma de la autopista a Atlixco, exonerándolos de los delitos de lesiones dolosas y tentativa de homicidio en primer grado, ambos fundamentales para la credibilidad de la “versión oficial” de los hechos.
Y peor, la revisión por parte de la instancia federal de los expedientes de activistas detenidos por la actual administración estatal, algunos con delitos imputados cuyas condenas podrían superar los mil años de cárcel.
Hace apenas un par de días, la CNDH abrió una investigación contra policías que participaron en el desalojo por violaciones graves a los derechos humanos de los manifestantes.
Ayer mismo, habitantes de Chalchihuapan comparecieron ante la comisión para llevar una cantidad importante de pruebas, que la procuraduría local se negó a recibirles y que echan por tierra la versión oficial.
Hoy comparecerá el Secretario de Seguridad Pública estatal, Facundo Rosas, para vender su verdad.
El timing no puede ser peor para el gobierno estatal.
Raúl Plascencia se juega su permanencia al frente de la CNDH en un Senado de la República en donde la influencia del presidente es indiscutible.
¿Y Miranda?
Haciendo su chamba, que se reduce a seguir al pie de la letra las indicaciones de Enrique Peña Nieto, el cual a sus hombres de más confianza aseguró que no se metería en el caso Chalchihuapan, ni para bien ni para mal.
Con los bajos niveles de popularidad y confianza que tiene aún el ejecutivo federal, meterse a jugar con el entramado institucional para encubrir el asesinato de un niño de 13 años a manos de policías sería un auténtico suicidio político.
“Dejar hacer, dejar pasar y hasta donde llegue”-parece ser la máxima presidencial.
