Integrantes del Movimiento por la Alternativa Social (MAS) anunciaron que este día presentaran una solicitud a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que se suspendan las 350 ordenes de aprehensión que presuntamente el gobierno de Puebla ha liberado para detener a opositores al gobierno del estado. Y exigieron la renuncia de los secretarios de estado Facundo Rosas y Luis Maldonado Venegas.
También anunciaron que participarán en la marcha que se partirá este día a la ciudad de México en protesta por los sucesos de San Bernardino Chalchihuapan.
En rueda de prensa, Alejandro Carbajal Hidalgo, dirigente de El Barzón, organización que forma parte del MAS, sostuvo que la problemática que enfrentan las juntas auxiliares por el retiro de la facultad del Registro Civil, el problema de fondo que ha dejado como saldo hasta la fecha la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, se suma “al ambiente de hostilidad y acoso que padecen las organizaciones sociales y campesinas que se ha recrudecido por la falta de sensibilidad política del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas”.
Por ello, exigieron además la liberación de 31 presos de conciencia que están en cárceles poblanas.
El documento, explicó Carbajal Hidalgo, se entregará Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Segob, durante la mesa de negociación que se abrió con organizaciones sociales y campesinas entre ellas la Unión Nacional de Trabajadores, de la que forma parte el MAS.
Por su parte, Ricardo Jiménez Ávila dirigente del MAS sostuvo que desde el congreso del estado se han aprobado 17 iniciativas gubernamentales que han generado “inestabilidad social en el estado”, entre ellas la modificación a la ley orgánica municipal, las de la privatización del servicio de agua y alcantarillado, y la ley de expropiación entre otras.
Por ello, dijo, “creemos que es necesaria la intervención del gobierno federal para que podamos restablecer la paz social en Puebla, inclusive estamos trabajando para que se realice una marcha con esa exigencia, que se reestablezca la paz social”.
Jiménez Ávila pidió también a las diferentes fracciones parlamentarias para que “dignifiquen la vida democrática del Congreso”, esto pues sostuvo que la propuesta del gobernador de abrogar la llamada Ley Bala es tan sólo una cortina de humo que busca dejar en manos del poder legislativo la responsabilidad por los resultados de dicha normativa.
