Inclusive algunos, los más optimistas, ya la dan por hecho.
Para nadie es un secreto que en la relación Peña Nieto-Moreno Valle, el privilegiar acuerdos de conveniencia mutua ha resultado mucho más rentable para ambos que la confrontación y el encono.
El gobernador poblano ha servido al presidente en coyunturas específicas como la permanencia del PAN en los acuerdos del Pacto por México, la rebelión de maestros en plena aprobación de la controversial Reforma Educativa y el apoyo desde la presidencia de la Conago al resto de las reformas estructurales discutidas en ambas cámaras del legislativo federal.
A cambio, el gobierno de Puebla ha recibido por parte de la federación un trato preferencial en materia presupuestal.
El más evidente: un aumento de 20 mil millones de pesos en los recursos a gastar para el 2014.
Si tomamos en cuenta lo anterior, la implícita exoneración sería una cuestión de mero trámite.
Sin embargo, desde el inicio de la crisis, la Procuraduría General de la República se ha mostrado, por decir lo menos, reacia a involucrarse en tan espinoso asunto.
Mientras el gobierno del estado celebraba la inminente “atracción” de las investigaciones por parte de la PGR, ésta se limito únicamente a “coadyuvar” en las mismas.
La diferencia en la utilización de términos podría parecer a simple vista menor, pero en los hechos es monumental.
La instancia federal, a pesar de la petición expresa y personal hecha por el gobernador, no quiso asumir la responsabilidad de las investigaciones y el deslinde de responsabilidades en un asunto que para ellos es una auténtica “papa caliente”.
En plena crisis de credibilidad institucional, entrarle de lleno al asesinato de un niño producto de la represión oficial sería un suicidio.
Por eso, se limita a cumplir con los más básicos postulados de la cortesía entre niveles de gobierno y acepta, con reservas, sumarse a la investigación.
Esto no anula la posibilidad de que gire documentos que en parte soporten la versión oficial de los hechos.
Hay quienes aseguran que la historia en política es cíclica, por lo menos en términos de crisis de gobierno, y Puebla puede ser un ejemplo concreto que compruebe lo anterior.
El sexenio anterior, se buscaba obsesivamente un dictamen a favor por parte de los ministros de la SCJN en el caso Lydia Cacho como única vía de supervivencia política.
A cambio de lograrlo, Marín entregó el estado.
¿Qué estaría dispuesto a dar el actual gobernador a cambio de una exoneración federal?
