Es sábado por la tarde. Hace varias horas que a José Luis Alberto le fue diagnosticada la muerte cerebral, pero su cuerpo aún respira gracias a las máquinas a las que está conectado. En San Bernardino Chalchihuapan, una pequeña población de poco menos de 5 mil habitantes, que forma parte del municipio de Santa Clara Ocoyucan, están los presidentes y autoridades auxiliares de varios comunidades de los municipios que rodean la capital poblana, en la asamblea que se lleva a cabo exponen sus inconformidades por los “agravios” de que han sido objeto por el gobierno del estado.
Y los temas se suceden, lo mismo la muerte del menor que la privatización del agua, o el retiro del Registro Civil, lo mismo los presos que han detenido en la manifestación de Tehuacán –que también fue en protesta por lo del Registro Civil—que los que encarcelaron por oponerse a proyectos energéticos como el Gasoducto Morelos o carreteros, o la imposición de proyectos de transporte.
–Nos acaban de avisar -dice el presidente auxiliar de San Martín Tlamapa, José Salomón Pacio Grande- que a los compañeros de Ajalpan y Tehuacán los están presionando para que no acudan a la movilización del lunes, los están citando en Gobernación ese mismo día, según para negociar, y presionaron para que no vivieran a la reunión.
La amenaza de que hay unas 350 órdenes de aprehensión los tiene en vilo, sostiene la diputada federal perredista Roxana Luna Porquillo, la única legisladora que ha acompañado las protestas de los ediles auxiliares.
De hecho, en días previos se publicó que el presidente de San Bernardino, Javier Montes Bautista, había salido del pueblo para evitar la orden de aprehensión que hay en su contra, pero esta mañana el alcalde ahí está, al frente de la reunión.
Otros de los presentes también denuncian cierres y clausura de negocios familiares como otra de las herramientas de presión de las autoridades para que “dejen de alborotar”.
Pero, “si intimidan a uno, intimidan a todos. El gobernador cree que somos tontos, somos de pueblo, sí, pero no somos tontos”, dice otra de las mujeres presentes. Al final el acuerdo es mantener la lucha, la propia y la de todos, y marchar el lunes siguiente a la ciudad de México, aunque al final la marcha se cancelará, luego del deceso físico de José Luis Alberto.
–Yo tengo ya una orden de aprehensión en mi contra –sostiene Javier Montes— ya me notificaron, y aún así seguimos de pie porque no le podemos dar la espalda a los heridos. Imagínese en las acusaciones ponen que uno de los detenidos, una persona de 72 años levantó a un policía y lo aventó cuatro metros, pues es ridículo.
Lo que hay, dice, es mucha indignación en la comunidad, por los heridos “y por que el gobierno no ha tenido la valentía de reconocer su error, por el contrario hay amenazas contra los heridos, de que si no nos acusan en cuanto salgan serán detenidos. Incluso se les negó la atención a los heridos graves, tuvieron que llevarlos a hospitales privados”.
Por lo pronto, el gobierno del estado ha insistido una y otra vez que en su arsenal no hay balas de goma, en un breve encuentro con medios, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, mostró un documento enviado por la Secretaría de la Defensa Nacional en donde se informa que en el actual sexenio la dependencia federal no ha vendido balas de goma al gobierno poblano.
Horas más tarde, a las 18:30, según el boletín que envió la Secretaría de Salud del estado, el cuerpo de José Luis Alberto, la primera víctima mortal de la Ley Bala, dejó de respirar.
