Informa La Jornada que de 2005 a la fecha hay 24 mil 800 personas desaparecidas: CNDH Matanza de San Fernando y leyes estatales que limitan la libertad de expresión, entre las quejas El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, informó en el Senado que ese organismo tiene el registro de 24 mil 800 personas ‘‘cuyo paradero se desconoce o no se encuentran localizables de 2005 a la fecha’’, es decir, de los sexenios de los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Al asistir al Senado a una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, el ombudman nacional precisó que de esa cifra total de personas no localizadas, ‘‘existe el dato de 2 mil 610 casos de desaparecidos; de ellos, en 612 expedientes hay la presunción de intervención de agentes del Estado mexicano en su desaparición, y en 267 hay indicios de que intervinieron elementos o miembros de la delincuencia organizada.
Migrantes, otras víctimas
‘‘En mil 424 expedientes no hay datos claros de intervención de la autoridad federal, o bien delincuencia organizada, pero tampoco se podría descartar esa circunstancia por el modus operandi identificado, y en 308 se trata de migrantes desaparecidos’’.
Manuel Bartlett, coordinador de los senadores del PT, cuestionó a Plascencia sobre la proliferación de leyes en los estados ‘‘que limitan y amagan la libertad de expresión. Se acaba de aprobar una en Puebla y otra en Chiapas’’, señaló el legislador.
Plascencia manifestó: ‘‘Estamos revisando las leyes que limitan y amagan la libertad de expresión, como la de Chiapas, la de Puebla, y yo diría la de Quintana Roo. Las estamos revisando con mucho cuidado y si su contenido es contrario al texto de la Constitución interprondremos acciones de inconstitucionalidad’’.
Los senadores del PRD Lorena Cuéllar y Alejandro Encinas mencionaron al ombudsman la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas (22 de agosto de 2010). ‘‘¿Por qué no buscó a los familiares de las víctimas para elaborar la recomendación’’, le preguntaron.
Encinas expuso planteamientos que le hicieron llegar organizaciones civiles, las cuales sostienen que en ese caso ‘‘hubo dilación y no se ha dado satisfacción puntual a todas las demandas de las víctimas. Preguntan por qué la CNDH no vio ni escuchó directamente a las víctimas’’.
Plascencia Villanueva destacó: ‘‘Se intentó contar con los familiares de las víctimas, pero no se pudo dar con ellos porque no tenían domicilios registrados’’. Dijo que instruyó al sexto visitador general de la CNDH a localizar a las víctimas. ‘‘Ya se ha contactado a cinco familiares de dos (de los muertos) y ya entrevistamos a uno de los dos sobrevivientes de la masacre’’.
Agregó: ‘‘Vamos a revisar con mucho cuidado y vamos a escuchar a todas las personas afectadas para que cualquier petición o solicitud que no fue atendida en los términos de ley se revise y se atienda’’. Incluso, refirió que ‘‘se le pidió al sexto visitador que revisara el expediente, ya que la recomendación y la investigación la elaboró el quinto visitador, que es el encargado del tema de los migrantes’’.
Aseveró que sí hubo retraso y que hay investigaciones que ‘‘tardan años y lustros (sic) para poder concluirse’’.
Luego de esa expresión, la senadora del PT Layda Sansores Sanromán manifestó: ‘‘Las organizaciones civiles dicen que usted está más cerca del poder que de los ciudadanos’’.
Acoso sexual en la comisión También se le mencionaron al titular de la CNDH los casos de presunto acoso sexual en la institución que encabeza. El ombudsman nacional respondió que se lleva a cabo una campaña para prevenir y evitar el acoso y el hostigamiento sexual entre el personal de la comisión; ‘‘hace un par de años que la iniciamos’’.
En su intervención inicial, Plascencia Villanueva dijo que se ha incrementado exponencialmente la violencia escolar; también indicó que en el país hay 250 mil desplazados por la violencia del crimen organizado, y que se han incrementado los autogobiernos en los penales.
Otro tema que se le señaló al ombudsman fue el de la ‘‘violencia obstétrica’’, y en ese caso dijo que la recomendación que se emitió por el caso de mujeres que han dado a luz en patios o en baños de clínicas en Oaxaca por habérseles negado la atención médica ha hecho que el gobierno de ese estado invierta en la rehabilitación ‘‘de un centro de salud’’.
