En el Estado mexicano de Puebla (centro del país) un policía puede disparar con un arma de fuego en una protesta si ésta se torna violenta. El Congreso local ha aprobado este lunes la Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza, en ella los legisladores han incluido a las manifestaciones como una de las circunstancias en las que las fuerzas policiales podrán emplear armas de fuego para protegerse en casos de “legítima defensa y peligro inminente de muerte”. Sin embargo, la aprobación de la ley ha abierto el debate y las críticas por parte de grupos de derechos humanos que ven en el texto la intención de callar las protestas.
La nueva ley detalla en 53 artículos las atribuciones que tendrá la policía en ese Estado para recurrir al uso de armas de fuego. Describe, por ejemplo, que este tipo de artefactos podrán ser utilizados en “detenciones, emergencias y desastres naturales, así como en manifestaciones públicas”. El texto señala que el uso de la fuerza será progresivo y que antes de recurrir al armamento, los policías deben intentar persuadir o someter a las personas que amenacen su integridad, incluso con armas no letales (porras, agentes químicos, dispositivos electrónicos). Además, la ley plantea los indicadores para evaluar el riesgo de una protestas por su número de integrantes, objetivo de la manifestación y aspectos políticos y socioeconómicos en el momento de la manifestación.
Los detalles de la ley han levantado críticas entre los grupos de defensa de derechos humanos en México, no sólo por su contenido sino por la rapidez con la que la norma pasó por el Congreso local. Este lunes los legisladores aprobaron la ley con 32 votos a favor y cinco en contra, tan solo una semana después de que el gobernador Rafael Moreno Valle –un expriista que llegó al cargo con el respaldo del Partido Acción Nacional (PAN, de derecha) y el de la Revolución Democrática (PRD, de izquierda)- enviara la iniciativa para su estudio en el Congreso. En la redes sociales, la norma ha sido etiquetada como #LeyBala.
“Estamos preocupados por esta regulación de la fuerza que es muy ambigua y da puerta a la represión y el autoritarismo”, explica a EL PAÍS, Lao Tse López, portavoz de Nodo de Derechos Humanos, una organización en la ciudad de Puebla que se ha posicionado en contra de la nueva ley. López pone en duda que la nueva norma regularice el comportamiento de los cuerpos policiales y señala que va en contrasentido a las tendencias internacionales de derechos humanos de respetar y tolerar las manifestaciones públicas.
El activista de Participación Ciudadana Jesús Robles Maloof advierte que en México existe actualmente una tendencia por sobre regular el uso de de la fuerza. En los últimos dos años, Estados como Chiapas, Querétaro, Quintana Roo y el Distrito Federal han legislado sobre este tema en un intento por mostrarse como gobiernos que cumplen puntualmente con un concepto de orden que predomina en el país –el del aumento de la seguridad- pero que carece de una evaluación sobre su impacto en los derechos humanos. “Los estándares internacionales indican que no debería haber armas a disposición de los elementos en una protesta. Estas leyes dan facultad al mando de que disponga de ellas, pero no existen verdaderos protocolos para el derecho a la protesta”, explica el activista.
Robles Maloof advierte que los principios de defensa con los que se argumenta la creación de esta ley están ya establecidos en la Ley Federal de Seguridad Pública y la Ley de Armas de Fuego. “A un funcionario no se le entrega un arma sin decirle cuáles son los momentos en que debe utilizarla”. El activista advierte que la leyes locales sobre el uso de la fuerza más que regular estas situaciones envían un mensaje social por parte de los gobiernos para inhibir las protestas.
Franco Rodríguez, diputado local del PAN en Puebla e impulsor de la nueva ley, asegura que la intención de regular el uso de la fuerza pública en ese Estado se ha hecho principalmente para dar instrucción a los policías sobre cómo actuar en casos de detenciones para evitar la violación de derechos humanos y no para condicionar las protestas. “Los ciudadanos no infringen la ley, los manifestantes tampoco, solamente los delincuentes. Estamos hablando de la posibilidad de que ante el riesgo de perder la vida, porque alguien está agrediendo a un policía, él pudiese defenderse” describe el legislador. Rodríguez también destaca que la norma ahora impune castigos para los elementos de la policía que se excedan en el uso de la fuerza, sin embargo, el texto legislativo no detalla el calibre de estas sanciones.
La organización Artículo 19, dedicada a la defensa de libertad de prensa en México, ha enviado a Rodríguez una serie de observaciones sobre el texto aprobado ayer. La ONG califica a la nueva ley como “contradictoria y ambigua”, ya que no establece en qué momento una manifestación se convierte en una amenaza para la seguridad pública. “Estas disposiciones son una amenaza para la libertad de expresión y para las personas que ejercen la protesta social en el Estado de Puebla, pero además, son muestra de una tendencia preocupante en dirección a un mayor control por parte de las autoridades”, ha manifestado la organización.
México es un país con una tradición de protesta en el que el 95% de las manifestaciones ocurren de forma pacífica, asegura Robles Maloof. Durante la aprobación de la ley en Puebla, un pequeño grupo se manifestó a las puertas del Congreso local, no hubo disturbios, ni violencia. El Nodo de Derechos Humanos asegura que las grandes manifestaciones en el último año en esa región han sido para apoyar al movimiento nacional #Yosoy132 y para expresar rechazo por la construcción de mega proyectos del Gobierno estatal.
