Los peores augurios se han cumplido para quienes han sido engañados con uno de las fraudes inmobiliarios más escandalosos de los últimos años en México: el fraccionamiento El Deseo.
Pasan los meses, en algunos casos años, y quienes en su momento confiaron en invertir su patrimonio en este desarrollo no ven resultados.
La protección oficial ha sido, por lo menos, descarada.
Y es que, en el mundo inmobiliario, a estos oscuros personajes se les liga con los igualmente oscuros hermanos Bribiesca Sahagún, hijos de Martita, ex primera dama del país.
Como le contaba en este espacio en enero de 2013, desde 2012, decenas de clientes han manifestado su inconformidad ante los constantes incumplimientos contractuales de quienes desarrollan “El Deseo”.
En diciembre de ese año, hicieron patente su molestia a través de la colocación de espectaculares en algunas de las principales vialidades cercanas a la zona de Angelópolis lo que motivó un acercamiento por parte de la empresa y la renovación de una serie de compromisos que seis meses después simplemente no se han honrado.
Los clientes de El Deseo han cumplido rigurosamente con los pagos establecidos en el contrato de compra-venta y la empresa ha violado una y otra vez las fechas de entrega prometidas.
Es más, en algunos casos las casas que deberían ya de haber sido entregadas, no han empezado siquiera a construirse.
Los contratos establecen una promesa de entrega que en algunos casos data de agosto de 2011.
Los afectados han recurrido a instancias como Profeco, pero mañosamente la empresa omitió registrar los contratos ante eta dependencia federal.
El siguiente paso fueron las demandas ante la PGJ de Puebla.
Demandas que hoy duermen el sueño de los justos, o de los impunes, para ser más preciso.
Esto lo sabe muy bien el Lic. Julio Pérez Salazar, agente del MP asignado a “atender” estos casos.
La impunidad de Eugenio Albo Urías y Eugenio Albo Moreno trasciende las fronteras del estado de Puebla.
En septiembre de año pasado sus escoltas personales se enfrentaron a balazos con elementos de la policía ministerial de Guanajuato cuando intentaban cumplimentar una orden de aprehensión contra ellos, girada por el juez tercero penal de Michoacán por un fraude de 30 millones de pesos.
A pesar de que el procedimiento de detención cumplía con todos los requisitos legales, jamás fueron detenidos.
Hasta la fecha, siguen en libertad dejando a su paso una estela de fraudes que han afectado el patrimonio de cientos de incautos que han confiado en ellos.
Este es el país de leyes que tanto se cacarea en el discurso oficial.
Padrino poderoso mata estado de derecho.
Diría el lugar común: “el México real”.
