Vaya que costó trabajo el que las autoridades locales aceptaran por fin que en Puebla, como en el resto del país ya se sienten los efectos de la actuación de grupos relacionados con la delincuencia organizada.
Después de meses de obsesiva negación y de que lo optimista del discurso oficial se veía rebasado por la contundente realidad, por fin empezábamos a ver declaraciones menos fantasiosas, más realistas, sobre la situación que se vive en Puebla en materia de seguridad pública.
El atentado que sufrió el subprocurador Pérez Dorantes y el resultado de las investigaciones realizadas a los sicarios detenidos en Tlapanalá, dejaron sin efecto cualquier intento de caer en la tentación de recurrir a la siempre cómoda minimización declarativa y pretender que, una vez más, en la entidad no pasaba nada.
Simplemente no fue posible.
No hubo más remedio que aceptar lo que en estos momentos es ya innegable y emprender una política mucho más abierta en términos de informar lo que realmente sucede en el estado, por muy delicados y polémicos que resulten los temas.
Se comprendió que era mucho mayor el costo de la negación y el hermetismo que el de la aceptación y el realismo.
Todos lo entendieron así.
Menos mi general.
A pesar de lo anterior, el lunes pasado declaraba a los medios que los detenidos en Tlapanalá no eran miembros del brazo armado del Cártel del Golfo.
Que no había pruebas, que no era cierto, que se trataba únicamente de especulaciones periodísticas.
Parecía como si el general hubiera estado en otro planeta mientras fluía como cascada la información relacionada con los sicarios.
O como si se hubieran convertido en permanentes los efectos de las cada vez más frecuentes y maratónicas comidas a las que no falta mi general y en donde corren a raudales las bebidas espirituosas.
Y es que, el personaje que encabeza los esfuerzos oficiales locales en la lucha en contra de la delincuencia no le da peso específico a las declaraciones del juez cuarto de lo penal, Alberto Miranda Guerra, en el sentido de que fueron los propios detenidos los que confesaron ser parte de los zetas.
Parece ser que no dimensionó, a pesar de haberlo “coordinado”, el impresionante operativo de más de 400 elementos de diferentes corporaciones que participaron en los traslados de estos individuos, lo que no se hace con delincuentes comunes y corrientes.
Y para colmo, no le parece sinónimo de alta peligrosidad el hecho de que los detenidos en Tlapanalá hayan sido enviados, con una prisa muy marcada, al penal de alta seguridad de Puente Grande, allá en el Estado de México.
Nada de todo lo anterior, en su muy particular lógica, es suficiente para demostrar la evidente filiación de estos sujetos al grupo delictivo que trae de cabeza al país.
Preocupante ¿no cree?
Nuevamente Mario Ayón se convierte en el “pelo en la sopa” del gabinete estatal en un tema que se ha convertido en la principal preocupación de todos los mexicanos y que requiere del trabajo serio y coordinado de autoridades de los tres niveles de gobierno.
Atrás deberían de quedar los bandazos, las improvisaciones y los resbalones mediáticos que en nada abonan a la imagen de confianza que debería tener la cartera encargada de la seguridad pública en el estado.
¿Hasta cuándo?
¿De qué tamaño son los compromisos?
latempestad@statuspuebla.com.mx
