Observadores que debemos ser de los procesos de cambios sociales, políticos y jurídicos, es necesario reconocer que los mismos que se vienen generando en los lineamientos contenidos en nuestra Carta Magna, son profundos y constantes.
Se exige por la ciudadanía y por los críticos, eficiencia y eficacia a la actividad legislativa, lo cuál a primera vista resulta sin lugar a duda, acertado y necesario, pero es fundamental distinguir que el proceso de creación de normas jurídicas no es ni puede ser un conjunto de actividades superficial ni mucho menos precipitado.
Construir una norma jurídica de rango fundamental como es la Constitución o cualquier otra ley o reglamento, requiere una serie de condiciones de orden político, social, económico y cultural que implica una gran y seria responsabilidad.
En ésta situación una pretensión inicial nos indicaría que el legislador, constitucional, federal, o local deberían estar produciendo muchas leyes para justificar su elección como legislador, sin embargo muchas normas no implican que se cumpla con el deber.
Lo que quiero indicar sin ánimo de contradicción, es que la actividad legislativa debe responder como en efecto lo hace, no sólo a tiempos para dictar más y más leyes, porque entiendo que la facultad legislativa más que dirigir comportamientos colectivos o personales debe reconocer realidades sociales, por lo qué en mi particular punto de vista el legislador debe crear la ley que estrictamente sea necesaria.
Sabemos que recientemente se modificó el artículo 69 de la Constitución que establecía una obligación a cargo del titular del Poder Ejecutivo para presentar anualmente, el día 1° de septiembre de cada año, fecha que por cierto inicia los trabajos del Congreso de la Unión, un informe respecto de la situación que guarda la Administración Pública y en particular las actividades que debe desarrollar el Ejecutivo del Gobierno Federal.
Por razones diversas, el 1° de septiembre de cada año en lugar, se dijo, de ser la fecha del Poder Legislativo, se transformó en el día del Presidente de la República. Las razones políticas que invitaban permanentemente a sabotear el día del presidente, sugirieron de manera inteligente suprimir o modificar el modo en el cuál el titular del poder ejecutivo debía rendir cuentas ante la Nación.
Hoy nos encontramos en un esquema novedoso que entiendo como una forma más republicana de manejar la cosa pública. Es a mi modo de ver, un gran avance en el manejo de los equilibrios en el ejercicio de los poderes públicos, pues no se trata de observar o de imponer el valor superior de un Poder sobre otro; ahondo en esto, no vale más el Ejecutivo sobre el Legislativo ni viceversa, se trata de mantener en la medida de lo posible, equilibrios entre los tres Poderes.
Sin lugar a duda, percibo que en un futuro la dinámica de modificación en nuestra Constitución y en las demás leyes existentes, citando por ejemplo de lo que viene y debemos tratar con mesura y responsabilidad como la Reforma Laboral, nos muestra el cambio permanente que observaremos de los procesos legislativos en lo futuro.
No se trata de estar de acuerdo o en contra del cambio que se desarrolla en el ámbito constitucional y legal, se trata de aceptar que esto es necesario pero que en todo caso, debe siempre realizarse con prudencia, con moderación y con ánimo de mejorar la institucionalidad en nuestra Patria.
