Por ello, dijo, “es necesario buscar conjuntamente mecanismos tecnológicos y científicos que acoten aún más esta posibilidad”.
Esta realista percepción representa una giro radical en la política de combate a la delincuencia que se ensayó en el sexenio de Felipe Calderón.
El panista defendió con todo la eficacia de estas pruebas de confianza como herramienta “infalible” para detectar elementos de las fuerzas del orden que pudieran estar coludidos con los criminales.
Fustigó a los gobernadores para que no se rezagaran en su aplicación, estableció plazos fatales y condicionó apoyos a cambio de que se implementaran en tiempo y forma.
Además, el gasto público destinado al diseño y aplicación de estas pruebas abarcó una parte importante del presupuesto destinado a la materia, lo que bajo la óptica del nuevo gobierno fue simplemente dinero tirado a la basura.
La contundente realidad le da la razón a Osorio Chong.
Las antes tan alabadas pruebas de confianza no han servido realmente para llevar a cabo una autentica limpia al interior de las corporaciones y mucho menos para terminar de una vez por todas con el maridaje perverso que desde hace décadas persiste entre delincuentes y policías.
Casi todos los días nos encontramos con hechos delictivos en donde se ven envueltos uniformados en funciones, que participan activamente en secuestros, homicidios, extorsiones, asaltos, tráfico de drogas y demás ilícitos.
Además, las corporaciones de seguridad nacional han sido infiltradas por la capacidad corruptora del crimen, organizado o del fuero común, a tal grado, que información supuestamente confidencial que tiene que ver con la implementación de operativos, estrategias de obtención y procesamiento de datos y demás acciones encaminadas a la protección ciudadana, llega con toda impunidad a manos de delincuentes.
En el caso de Puebla, las pruebas de confianza han sido motivo de escándalo y causa de opacidad gubernamental.
En el sexenio de Mario Marín fueron manipuladas para proteger delincuentes cómodos al régimen.
En el actual sexenio, se han falseado datos sobre su nivel de aplicación y la consecuente limpia al interior de las corporaciones.
¿Qué tal el penoso caso de Mauricio Tornero, ex titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública, instancia encargada de la aplicación de estas pruebas, que fue corrido del cargo porque dos de sus principales colaboradores se vieron involucrados en hechos delictivos?
Tornero aseguraba que de los 17 mil elementos que laboran en Puebla, sólo faltan por presentar la evaluación cerca de mil 700, es decir, 10%.
El dato era a todas luces falso, ya que en ese entonces las autoridades federales reconocían que el nivel de avance en la cantidad de elementos evaluados en todo el país alcanza sólo el 26% del total.
En una entrevista de radio, exigiendo su “derecho de réplica” a una columna que lo aludía, Tornero juró y perjuró que sus cifras eran reales, que Puebla era un estado “ejemplo” en materia de aplicación de pruebas de confianza y que éstas estaban diseñadas para detectar hasta el mínimo riesgo de que policías y servidores públicos pudieran estar involucrados en actividades delictivas.
Poco después, vino el escándalo y fue corrido sin miramientos de su chamba.
Será interesante ver qué nueva estrategia aplicará el gobierno federal para limpiar del hampa a las corporaciones policíacas y demás instituciones de seguridad.
La labor parece titánica por el grado de infiltración que han logrado los grupos delincuenciales con la complacencia histórica de políticos y servidores públicos del más alto nivel.
No estaría mal que a la vez se diseñara un mecanismo de control aplicable a “los de arriba”.
Y es que, si la tropa está podrida, imagínese como deben de estar los generales.
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