El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, Mario Riestra Piña, aseguró que no hay posibilidad de que se inflen las cifras de daños registrados en la entidad.
Indicó que la federación es la que regula y comprueba los daños que se registran tras los fenómenos naturales por lo que se carece de argumentos al pensar que las cifras pueden manipularse en la entidad para obtener algún provecho de la situación.
Resaltó que en términos reales las afectaciones superan incluso los 700 millones de pesos que el gobierno busca a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y de un crédito ante la Banca Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS).
“Quien hace las evaluaciones de los daños es la propia federación a través de Conagua , de tal suerte que tenemos garantía absoluta de que se tuvo una evaluación objetiva, pero como les decía yo estoy seguro que los daños incluso superan estas evaluaciones de 700 millones de pesos porque las afectaciones no se circunscriben únicamente a estos 31 municipios afectados, hay otros municipios, otras vías de comunicación que no caen dentro de estas 31 demarcaciones y que seguramente requerirán también intervenciones”, dijo.
Una muestra de ello, dijo, es el municipio de Tlatlauqitepec que no se consideró originalmente dentro de los municipios afectados pero que tuvo severos daños, “nosotros estamos estudiando la posibilidad de complementar, en caso de que fuese aprobado este decreto, con un punto de acuerdo haciendo la solicitud al gobierno federal de que revise estos municipios en donde claramente hubo afectaciones que requerirán erogaciones del gobierno del Estado y que no formaron parte dentro de la lista”.
Sin indicios
Si hay versiones de que en 1999 se alteraron cifras y expedientes para obtener beneficios economicos, hoy las reglas son otras y los candados hacen prácticamente imposible que el gobierno del Estado de Puebla pretenda alterar datos para obtener recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
La delegación de la Secretaría federal de Gobernación, que participa en la evaluación de los daños, no tiene ningún indicio al respecto dijo su titular, Juan Molina Arévalo, al referir que también participan la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Sistema Nacional de Protección Civil quienes si bien muestran disposición para coordinarse con el gobierno estatal, de ninguna manera solapan irregularidades.
Por separado al aclarar que los requisitos del Fondo de Desastres Naturales son muy estrictos la diputada federal, priista Rocío García Olmedo, consideró que sería irresponsable que el gobernador pretenda inflar datos para acceder a los recursos del programa federal bajo el argumento de una crisis en 31 municipios dañados por el paso de los fenomenos “Ingrid” y “Manuel”.
En ese sentido la legisladora anunció una estrecha vigilancia desde el Congreso de la Unión a la aplicación de los recursos sobre todo porque hay municipios dañados que no fueron ingresados a la declaratoria de desastre, a pesar del clamor de autoridades locales. (Con información de Pilar Pineda)
