La fraccion parlamentaria del PRI exigió claridad al aliancista Enrique Nácer Herández sobre su iniciativa para reformar el artículo 54 de la Ley de Transparencia en la que pide sancionar penal, civil y administrativamente a quien lucre con información pública, y adelantó su voto en contra porque no se puede atentar contra la libertad de expresión.
“De ninguna manera se puede coartar el acceso a la información pública, la ley es muy clara, si es información estratégica que amerite ser reservada, tendrá que hacerse. Hay criterios para ello, si no es estratégica deberá ser pública; toda la información que generan los diferentes niveles de gobierno es pública”, sentenció el diputado Lauro Sánchez López, quien como vocal de la Comisión de Transparencia del Congreso colaboró en la elaboración de la nueva Ley de Acceso a la Información Pública.
Asimismo, manifestó que ningún tipo de reforma a la ley puede limitar la labor periodística de difundir a través de los medios de comunicación reportes relativos a las actividades de los gobiernos y mucho menos si se pretende hacer bajo la acusación de que lucran con esa información. “Lucrar es obtener un beneficio económico de la información y publicarla en los medios es diferente”, precisó.
Por su parte el también legislador priista, Gerardo Mejía Ramírez, acusó que el proyecto aliancista atenta contra el derecho a la información, ya que se estaría creando un tipo penal para sancionar el manejo de datos que el estado se encuentra obligado a entregar y es que la información pública no puede ser sujeta de litigio; enfatizó el también presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
Cabe señalar que a pesar de los cuestionamientos, Nácer Hernández no ha podido aclarar el sentido de su iniciativa ni su origen y tampoco aclaró cómo esta medida amplía la publicidad de la información de los sujetos obligados.
Sin embargo rechazó que la iniciativa se trazara para limitar la labor de medios de comunicación que solicitan información pública de los sujetos obligados pero admitió que confundió el término “información pública” con el de “datos personales” y que los integrantes de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia y Acceso a la Información –a las que se turnó la propuesta- deberán hacer las correcciones pertinentes cuando analicen el proyecto de reforma.
