Responsable del trabajo antorchista en el sur de la capital poblana
Fue verdaderamente sorprendente enterarse, el día martes 29 de julio del presente, a través de todos los medios locales (prensa escrita, radio y televisión), así como de algunos diarios de circulación nacional, de la brutal golpiza que le propinaron policías de Tlacotepec de Porfirio Díaz al diputado local José Benigno Pérez Vega, mejor conocido como “Pepe Momoxpan”.
Hechos tan vergonzantes y lamentables, los debemos de reprobar y condenar todos los diferentes actores de la sociedad poblana, no sólo porque se trate de diputado sino porque, en este país, debe de existir respeto y absoluta tolerancia para todo ciudadano común y corriente; no deben emplearse tácticas represivas contra aquellos con ideas diferentes.
Pero bueno, ojala y al señor legislador se le haga justicia y a los autores intelectuales y materiales de estos actos de barbarie se les aplique todo el rigor y peso de la ley, dado que en este país no debe prevalecer la impunidad. Las autoridades de la Secretaría de Gobernación deben poner mayor atención e intervenir a tiempo con los ediles que son denunciados por exceso de soberbia, abuso de autoridad y cerrazón para atender las justas demandas de sus gobernados (esta vez fue el de Tlacotepec de Porfirio Díaz, Esteban Gorgonio Merino, y su hijo, Antonio Merino).
Pero si la memoria no nos falla, habría que recordar que, en su justo momento, ante las autoridades del Gobierno del Estado, fueron denunciadas las tropelías y abusos que cometían en el municipio de Jalpan (en la Sierra Norte) Humberto Corcino Olarte Romero y su hijo César Olarte Fajardo y, seguramente, el gobierno se irritaba al pensar que los antorchistas estábamos exagerando y que sólo era una bonita forma de ponerles piedritas en el camino.
Pero ahí tienen el resultado, no sólo ignoraron al antorchismo en aquel municipio serrano, sino que el poder los cegó y, finalmente, el flamante candidato del Partido del Revolucionario Institucional, César Olarte, ultimó de seis balazos a Antonio Amador Jerónimo, en la puerta del domicilio de éste, y conste que las autoridades fueron alertadas a tiempo.
Caso similar ocurre en estos momentos con los alcaldes de Tehuitzingo y Guadalupe Santana, en la baja mixteca poblana; también negados a atender y resolver las demandas de la gente y prestos para amedrentar e intimidar a los activistas del antorchismo, sólo por encabezar las demandas populares.
Lo peor de todo esto es que las autoridades de la Secretaría de Gobernación no pueden limitarse sólo a esgrimir que se debe ser respetuoso de la autonomía municipal y que, por lo tanto, no se les puede llamar la atención a los ediles. Es cierto, pero tampoco pueden hacer oídos sordos y dejar que ocurran hechos tan bochornosos como el de Tlacotepec de Porfirio Díaz, o situaciones aún más graves, como la de Jalpan.
En esta cadena de arbitrariedades, viene a cuento también lo que ocurre en Chiapas, donde el gobernador Juan Sabines Guerrero, abusando de su cargo y de su poder, mandó detener arbitraria y violentamente a nueve antorchistas, entre ellos al dirigente estatal de la organización de los pobres de México, Alejandro Vásquez Nájera (tras ser llamados a “dialogar”, cuando –en ejercicio pleno de su libertad de manifestación- realizaban un mitin en el parque central, en protesta por un agresivo desalojo de cientos de familias en “El Salado Experimento”).
Entonces, ante estos casos, sólo se requiere un poco de voluntad política y verdaderas ganas de resolver, para evitar tan penosos y lamentables hechos. Aún estamos a tiempo.
