A través de un comunicado, a nombre de la fracción parlamentaria del PRI, el coordinador Edgar Salomón Escorza denunció que el diputado del Partido Nueva Alianza, Enrique Nácer Hernández, fue inhabilitado en 2004 por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para ejercer algún cargo público por un desfalco presupuestal cometido a las arcas del Instituto México del Seguro Social (IMSS) cuando fungió como jefe de Servicios Administrativos de la delegación Puebla-Tlaxcala, según el expediente B/011/2003.
El boletín incluso destacó como título que el aliancista carecía de calidad moral para hacer señalamientos sobre corrupción, en alusión a la acusación directa contra el priista por presunta extorsión a ediles que aún no se ha comprobado.
Otra denuncia desempolvada contra el aliancista fue en su paso por la administración municipal de Puebla, durante el trienio 2008-2011, en la que fungió como director de Egresos de la Tesorería Municipal de la alcaldesa Blanca Alcalá y donde aseguran “fue sujeto a una investigación, ordenada por el Cabildo, por el desfalco de 16 millones de pesos”.
Una anomalía más que le imputan fue la condonación de una multa de 1.7 millones de pesos al dueño de plaza América, sin tener facultades para ello toda vez que compete exclusivamente al tesorero ese tipo de ajustes.
Pero a pesar de que el comunicado se giró a nombre de la fracción priista, los legisladores Ernesto Leyva y Gerardo Mejía lo desconocieron, retirando así su apoyo a Salomón Escorza. “No sé de qué me hablan”, coincidieron en entrevistas por separado.
Nácer se defiende
Tras sostener que tiene pruebas de la extorsión a presidentes municipales por parte del priista Edgar Salomón, mismas que ya entregó a la Auditoría Superior del Estado y a la Comisión Inspectora, el diputado aliancista Enrique Nácer negó haber sido inhabilitado por la Función Pública como lo difundió el PRI y ofreció presentar las pruebas de su dicho.
“En el reporte de servidores públicos sanciones sí aparezco, pero porque alguien lo registro, sin embargo presentare los papeles que me dio el Tribunal y dicen que no tengo nada que ver.
Después de que salí del IMSS fui sub administrador de auditoría fiscal federal, y no pude entrar el gobierno federal estando inhabilitado”.
Respecto al desfalco que se le atribuye de 16 millones en su paso por la gestión capitalina de Blanca Alcalá, la calificó como una venganza política por haber participado en la campaña de Rafael Moreno Valle.
“Cuando salí de la administración de Blanca Alcalá, que es mi amiga, me incorporé a la campaña del hoy gobernador. Derivado de eso se hizo una serie de acciones, cayeron muchas auditorías pero no hay absolutamente nada en mi contra, y no encontraron nada porque soy una persona transparente”, sentenció.
