Los resultados de la primera medición a fondo de lo que es el empleo informal en el país, dados a conocer por el Inegi, muestran el desequilibrio que impera en el mercado laboral, y que ya debería preocupar seriamente a los gobiernos, en sus tres niveles.
Dicho desequilibrio se acentuó en 2009 con la crisis financiera, aunque en los siguientes años el gobierno federal presumiera de la “recuperación del empleo”, y en Puebla el gobierno se ufana que la entidad tiene una tasa de desempleo menor a la nacional, pero evita ver el severo problema socioeconómico que hay a lo largo del territorio local.
En el país, 29 millones de personas se mueven en la informalidad (60.1% de la población ocupada), es decir trabajan pero no tienen ningún tipo de prestación, esté o no registrado el negocio, ya no sólo se contempla al comercio ambulante o si venden artesanía o alimentos, sino cualquier empresa.
En el caso de Puebla suman 1.8 millones de personas que están en la informalidad, es decir el 72.9 por ciento de la población ocupada, que es de poco más de 2.5 millones de personas.
Apenas 486 mil 849 están dadas de alta en el Seguro Social y otras 182 mil tienen algún tipo de seguro privado.
Además, la mayoría de esos 1.8 millones que trabajan en la informalidad, perciben un ingreso promedio de dos salarios mínimos, lo que afecta más su nivel de vida.
No importa que la economía poblana se ubique entre las 10 primeras del país, si la mayoría de sus habitantes no cuentan con un trabajo seguro y digno, mucho menos tienen ingresos adecuados.
Esta situación se vive en los estados poco desarrollados, poco urbanizados, de ahí que las tasas más altas de empleo informal -de hasta el 80 por ciento- se registren en los estados del centro y sur, como Puebla, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Hidalgo o Tlaxcala.
Al no haber una revisión de la política económica, federal y estatal, continuará el desequilibrio en el mercado laboral y, en consecuencia, la calidad de vida de los habitantes difícilmente mejorará.
La construcción de grandes vialidades -por ejemplo- si bien trae algunos beneficios, estos no inciden por igual en toda una comunidad por igual, se requiere la atención de otros frentes a través de políticas públicas que, por lo visto no están en la agenda de los gobernantes.
Representantes en la JFCA
Hace unos días se efectuó el cambio de integrantes de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Por parte de los patrones se designo a Octaviano Escandón Báez, por los obreros al Carlos Contreras Durán, y como presidente de la Junta se designó a Arturo Flores Grande, quien se venía desempeñando como delegado de la Profedet.
Por vacaciones de fin de año, reanudaré las colaboraciones hasta la primera semana de Enero de 2103.
Felices fiestas.
