Todos atentos, analíticos, propositivos y participativos.
La calidad de los ponentes fue confirmada en cada una de sus participaciones.
Para abrir boca: Laura Borbolla, la Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, quien habló de los logros alcanzados en los años recientes en términos de la creación de una instancia especializada en la defensa legal de los trabajadores de los medios de comunicación en México y las modificaciones realizadas al marco jurídico vigente en aras de facilitar que los autores materiales e intelectuales de crímenes que se cometen contra la libertad de expresión sean llevados a cuentas ante la justicia por estos hechos.
Sin embargo, la funcionaria reconoció que han sido pocos los culpables que han pagado por los delitos que cometieron contra periodistas, trabajadores o instalaciones de medios de comunicación.
Roberto Rock, Director Editorial del periódico El Universal y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa destacó la urgencia de que los medios hagan pública su política editorial como forma de autoprotección y relató cómo algunos han tenido que recurrir a la autocensura para no ser víctimas del embate del crimen organizado o el poder político que se escuda en este último para esconder las agresiones que lleva a cabo contra periodistas y medios.
Criticó que existan actualmente leyes que intentan limitar el ejercicio periodístico.
El rector de la ibero, David Fernández Dávalos, dejó en claro que la libertad de expresión es un derecho social fundamental.
Criticó las amenazas al trabajo periodístico, vengan desde el poder político o de organizaciones criminales, al mismo tiempo de urgir a los medios a profesionalizar su labor en aras de informar de mejor manera a la ciudadanía y no convertirse en instrumentos de manipulación por así convenir a intereses económicos.
La segunda mesa, la de la realidad mediática local y las condiciones para ejercer el periodismo en Puebla estuvo a la altura de las expectativas.
Cada uno de los representantes de los medios participantes expuso con toda libertad su visión particular de la relación prensa-gobierno, muy lejos de posturas homogéneas o uniformes.
Términos como censura, boicot, espionaje y amenazas, fueron de los más repetidos en las ponencias.
Hoy podrá leer en los respectivos espacios de los participantes su visión particular de esta realidad.
El papel que como moderador jugó el rector de la BUAP, Enrique Agüera fue el complemento ideal, ya que lejos de asumir un papel de simple organizador de tiempos y turnos, aprovechó el micrófono para aportar interesantes propuestas tendientes a enriquecer el trabajo de los medios y mejorar su relación con otros actores sociales.
El cierre se hizo con auténtico broche de oro.
Oscar Castro, director del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría insistió en el gran reto que supone la defensa de los derechos fundamentales de los periodistas en un contexto social complicado en donde organizaciones criminales se han convertido en poderes de facto con un peso específico mayor al de las autoridades legalmente establecidas y las instituciones.
María Idalia Gómez, reportera del periódico 24 Horas de Raymundo Riva Palacio y titular de la Unidad de Respuesta Rápida de la Sociedad Interamericana de Prensa, denunció la simulación que ha prevalecido en el gobierno de Felipe Calderón en materia de protección a periodistas y la falta de voluntad para investigar hechos en donde han perdido la vida trabajadores de la comunicación.
Urgió a que sea la ética la columna vertebral del periodismo, como forma más efectiva de proteger a quienes se dedican a este oficio y pidió no caer en excesos de confianza por ejercer la profesión en estados en donde la realidad en materia de seguridad no es “tan complicada” como otros.
Ve inevitable que el periodismo en todo el país viva en constante amenaza por la acción de mafias delincuenciales o políticas.
Antonio Mazzitelli, representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito dejó bien claro que, por más complicada que sea la realidad de un país, estado o municipio en materia de crimen organizado jamás se debe pactar con esos grupos.
Consideró que una negociación es el primer paso hacia la desaparición del medio ya que las organizaciones criminales son empresas que buscan no sólo su expansión sino la manera de incrementar constantemente sus ingresos y ven en la denuncia periodística un obstáculo para lograr ese crecimiento.
El único negrito en el arroz fue la abrupta y burda cancelación del Secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla, quien minutos antes de su participación decidió declinar su presencia en el evento, a pesar de la respetuosa, pero sobre todo muy anticipada invitación al mismo.
Sobra decir que se trata de un ejemplo más del absoluto desdén de este gobierno a foros en donde se cometa el enorme pecado de pensar y opinar diferente.
Peor para ellos.
latempestad@statuspuebla.com.mx
Twitter: @ValeVarillas
