Con el aval de Alejandro Necoechea, entonces Consejero presidente y de José Antonio Bretón Betanzos, ex Director General del IEE, se acordó darle forma al acuerdo IEE/JE-016/2006, fechado el 12 de septiembre de 2006 y aprobado por la Junta Directiva del IEE, para otorgar el 10 de octubre siguiente, un “pago de prestación de fin de año” para el personal de dicho organismo, cuyo monto fue de 1 millón 728 mil 199 pesos y 38 centavos.
La lista de beneficiados con tan aberrante robo fueron: además de Necoechea Gómez, Rubén Gutiérrez Rosas, encargado de la Unidad Jurídica; Dalhel Lara Gómez, Contralora Interna; José Antonio Bretón Betanzos, Director General; Marcelina Sánchez Muñoz, directora de Organización Electoral; Ana Silvia Santillana García, directora de Capacitación Electoral y Educación Cívica; Amalia Oswelia Varela Serrano, directora de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación; Sofía Quiroz Hernández, ex encargada del Despacho de la Dirección Administrativa; Sergio Ayala Jasso, encargado de la Unidad del Servicio Electoral Profesional; José Antonio Chávez Camacho, coordinador de Informática y Adriana Álvarez Hernández, encargada de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información.
Si bien al final, debido al monumental repudio y presionados por el resolutivo que emitió en mayo de 2007 el Órgano de Fiscalización del estado, en el sentido de la ilegalidad de la asignación de esos recursos y la petición de intervención de los entonces nuevos consejeros para tomar cartas en el asunto, terminaron por devolver el recurso, el haber sido parte de esta treta arroja severas dudas sobre los criterios que como funcionaria pública tuvo Lara Gómez.
Por cierto, sobre este tema existen voces que aseguran que la devolución del dinero se hizo a través de una sospechosa triangulación de recursos provenientes de la misma Secretaría de Finanzas y que no salió de la bolsa de los beneficiados.
¿Y qué me dice de su herencia en términos de transparencia interna?
Los recién salidos consejeros sufrieron en carne propia, al inicio de su período, las consecuencias de la obsesión de este personaje de llevar la batuta de la vida interna del instituto a través del control y el manejo discrecional de la información.
De hecho, los entonces noveles integrantes del IEE tuvieron serias dificultades para acceder a los números y a los acuerdos, ya que quienes ocupaban los cargos administrativos y directivos tenían la instrucción directa de Lara de vigilar celosamente cierta documentación y enviar a cuenta gotas sólo algunos asuntos menores al nuevo Consejo General.
Con esto, se buscaba que los incondicionales del director, Bretón Betanzos, a quien Lara servía fielmente, insertados en áreas estratégicas del instituto, se volvieran indispensables y respondieran únicamente a los intereses de la perversa dupla.
Sí, todo pasaba y debía de pasar por las manos de Bretón Betanzos para garantizar el control de las relaciones con los representantes de partidos de cara a la realización de los procesos electorales locales.
Por cierto, en esta lógica se entiende que, una de las últimas acciones que se dieron antes de la renovación de consejeros en 2006, fuera la de otorgarles la base a funcionarios que se desempeñaban en las áreas del instituto que históricamente estuvieron bajo el control absoluto del entonces director.
Todo lo anterior fue utilizado también para ejercer presión política a los representantes de los partidos políticos ante el propio instituto.
Con el argumento de tener las riendas de los procesos electorales, Dalhel Lara y Bretón Betanzos vendían por igual supuestos favores a panistas y priistas y así garantizaba su apoyo para mantener el control de las operaciones del órgano.
Por si fuera poco, más allá de lo político, la “contralora” mostró signos claros de ineficiencia en lo que a su trabajo como director del IEE se refiere.
Como muestra están algunas irregularidades que se dieron durante el proceso electoral local de 2004: la necesidad de reponer boletas por errores garrafales, vencimientos de plazos en sustituciones, errores jurídicos en actas, sellos a destiempo de la Secretaría General, pésimo manejo en el presupuesto del instituto y gastos excesivos en la parte operativa.
Sin mencionar el descarado favoritismo que, previo al proceso local de 2004 recibió la empresa mexiquense Litho Formas, quien tuvo todas las facilidades para encargarse de la impresión de las boletas electorales y las empresas proveedoras de mamparas, tintas indelebles y demás material electoral, seleccionadas sospechosamente del Instituto.
Curiosidades de la vida, algunos de sus miembros estrenaron auto de agencia al mismo tiempo que se asignaban los contratos: Sofía Quiroz, una Chevrolet Equinox; Marcelina Sánchez Muñoz un Toyota Corolla y Dalhel Lara Gómez, aquel famoso Mini Cooper.
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