La firma de México del Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA) es una acción del saliente gobierno de Felipe Calderón es una acción en contra de la libertad de expresión y de la democratización de la misma a través de Internet, afirma Octavio Islas, Director de investigación World Internet Project México.
Para el catedrático, la decisión de firmar el acuerdo que Europa rechazó apenas el 4 de julio y que otros países como Alemania han reconsiderado, es el triunfo de la vieja industria de telecomunicaciones que ejercieron presión para mantener el tradicional modelo de distribución de información, lo que afectará a toda la industria, especialmente la emergente creadora de software y al usuario.
Firmar ACTA es la abdicación absoluta del gobierno de Felipe Calderón a temas sensibles para la democratización de Internet y revela una complicidad terrible con grupos interesados en censurar la libre expresión con la violación de las leyes de propiedad como baluarte, afirma el catedrático del TEC de Monterrey en entrevista con AltoNivel.com.mx
Esta decisión va a afectar el desarrollo de Internet aunado a otros problemas para la industria, el encarecimiento del ancho de banda, la industria de desarrollo de software abierto e industrias emergentes, es decir, va a impedir que nuevos jugadores entren al sector que está permitiendo el crecimiento acceso a la sociedad de la información.
Terrorismo cibernético contra el usuario
A nivel de usuario, considera el experto, la firma de ACTA derivará en un terrorismo cibernético al amparo de la defensa de los derechos de propiedad. Cualquiera que sea considerado como un elemento que atenta contra los derechos intelectuales, podría ser perseguido. Con esto, afirma, se pierden espacios de libertad que son muy importantes para el crecimiento democrático de cualquier país.
Ante ello, espera que los proveedores de servicios de red, se opongan a entregar datos sobre los usuarios y que los organismos que defienden la Sociedad de la Información hagan sentir su peso presentando propuestas y alternativas que permitan al nuevo gobierno tomar una mejor decisión al respecto.
Si bien habrá que esperar las reacciones de instituciones defensoras de internet como un derecho humano, en las redes sociales el efecto no se ha hecho esperar. Estos medios se han vuelto el nuevo termómetro de opinión pública y Octavio Islas está seguro de que realizarán un ejercicio interesante de contrapeso ante esta decisión.
Las redes sociales pudieran contener a un Estado que abrirá una brecha conraproducente para la industria, los grandes creadores de Internet, hacia una supervisión ociosa que no se debe permitir.
