Por Yasmin Flores Hernández
Platón advertía que el primer acto de corrupción de un funcionario es aceptar un cargo para el que no está preparado.
La definición moderna lo completa: corrupción es el uso indebido del poder público o de la autoridad conferida para obtener beneficios personales o para terceros.
No hace falta un maletín con dinero para que exista corrupción.
Basta con desviar un recurso, un edificio o un equipo de trabajo de aquello para lo que fue destinado.
Con esas dos ideas en mente conviene revisar lo que ocurre en la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género, encabezada por Karla Michell Salas Sánchez, en esta que ya muchos llaman la “Fiscalía del 120 por ciento”.
Un Centro de Justicia
que cambió de fachada
El Centro de Justicia para Mujeres de Puebla, en la 17 Poniente 1919, Barrio de Santiago, fue inaugurado el 14 de octubre de 2013.
Nació para fortalecer una sociedad que garantice los derechos humanos de las mujeres, con impulso de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).
Para hacerlo posible, el Gobierno Federal destinó 5 millones de pesos y el Gobierno del Estado aportó 1.5 millones.
Además, el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública invirtió otros 10 millones en equipamiento.
Son más de 16 millones de pesos de dinero público para un solo propósito: que una mujer violentada encuentre, en un mismo lugar, todo lo que necesita para salir de la violencia.
Ahí, sin costo, una mujer debería encontrar asesoría jurídica y acompañamiento para denunciar, atención psicológica individual y de grupo, y servicios médicos de primer contacto.
También debería contar con trabajo social y canalización a refugios cuando hay riesgo, y con una ludoteca para que sus hijas e hijos estén atendidos mientras ella hace sus trámites.
Y debería tener acceso a talleres de empoderamiento económico para que su salida del ciclo de violencia sea sostenible.
En Puebla hay tres centros reconocidos a nivel federal: Puebla, Tehuacán y Acatlán, cada uno con un domicilio registrado ante la federación.
Hace apenas unos días, la propia Fiscalía difundió en sus redes sociales actividades del Centro de Justicia de Puebla, con la fachada que el inmueble mantuvo durante los últimos diez años.
Pero de un día para otro, sin comunicado alguno, esa fachada amaneció con los colores del programa estatal Casas Carmen Serdán.
(Imagen)
¿Por qué hace seis días se promovían actividades del Centro con una fachada que hoy ya no existe?
¿Por qué no se anunció que el Centro de Justicia para Mujeres de Puebla dejaría de identificarse así en la 17 Poniente?
¿Lo sabe la Fiscal General del Estado?
¿Lo sabe la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal, que entrega los subsidios para estos centros?
Dos programas, un edificio: ¿un doble presupuesto?
Aquí está el fondo del asunto.
El Centro de Justicia para Mujeres y las Casas Carmen Serdán son, en teoría, dos cosas distintas. El primero opera con un modelo y un subsidio federal; las segundas son un programa del Gobierno del Estado.
Cada uno debería tener su propio presupuesto, su propio personal, sus propias metas y sus propios informes.
Y cada uno debería rendir cuentas por separado.
Sin embargo, hoy ocupan el mismo espacio y ofrecen casi los mismos servicios.
Es de lógica elemental: si ya existe un Centro de Justicia que da atención jurídica, psicológica, médica y de trabajo social, ¿qué razón hay para meter en el mismo inmueble otro programa que hace prácticamente lo mismo?
Las preguntas son inevitables, y le corresponde a la Fiscalía responderlas.
¿Se trata del mismo personal atendiendo bajo dos nombres?
Si es así, ¿con cargo a cuál presupuesto se pagan sus salarios?
¿Se están reportando los mismos servicios, las mismas víctimas y las mismas carpetas de investigación dos veces, una ante la federación como Centro de Justicia y otra ante el estado como Casa Carmen Serdán?
¿Cómo le harán para informar al INEGI cuántas carpetas inició el Centro de Justicia y cuántas la Casa Carmen Serdán, si trabajan en el mismo edificio?
¿Quién paga el mantenimiento, los servicios y la operación del inmueble?
¿El mobiliario y el equipo comprados con dinero federal ahora están al servicio de un programa estatal?
Y sobre todo: si el inmueble, el equipo y posiblemente el personal son los mismos, ¿a dónde va el recurso que se justifica dos veces?
No se afirma aquí que exista un desvío.
Se pregunta, porque los hechos lo exigen.
Si todo está en orden, a la Fiscalía le bastaría con transparentar cuánto recibe cada programa, cuánto gasta, en qué y con cuánto personal.
Mientras no lo haga, la sospecha de una doble justificación del recurso público es legítima.
La distracción de recursos económicos, materiales y humanos hacia un fin distinto del autorizado tiene nombre, y se llama corrupción.
El dinero que no llega a las víctimas
En 2025 se entregó, a través de la Secretaría de las Mujeres, un subsidio para el Proyecto de Fortalecimiento y Operación de los Centros de Justicia para Mujeres.
¿Qué hizo la Fiscal de Género con él?
Para 2026 el monto asciende a 1 millón 409 mil 579 pesos, destinado a adquirir mobiliario, equipo tecnológico y herramientas para las distintas áreas de atención.
Ojalá esta vez el recurso no se quede en el camino y se aplique a los fines del Centro de Justicia.
Y ojalá que el mobiliario y el equipo que se compren con él no terminen sirviendo a otro programa bajo otra fachada.
Los datos duros sugieren que el año pasado el dinero no llegó a donde debía.
El Censo de Justicia para Mujeres 2025 del INEGI, publicado en mayo de este año, registró en los centros de Puebla carencias en sus albergues y ausencia de protocolos de seguridad.
Según ese reporte, no hay plan de seguridad para las víctimas, ni seguimiento a sus casos, ni capacitación para el trabajo o el emprendimiento, ni terapia infantil especializada, ni consultorio de medicina legal.
El albergue temporal no tiene área de alojamiento, ni alimentación, ni vestido, ni calzado.
Fuentes internas de la Fiscalía refieren que, ante esas carencias, la titular delegó en los ministerios públicos la responsabilidad de pagar la comida y los artículos de aseo personal de cada víctima.
Según esas fuentes, los ministerios públicos cubren esos gastos de su propio bolsillo durante todo el tiempo que la víctima permanece en el albergue.
Entonces, ¿en qué se ocupa el subsidio federal?
¿Por qué un ministerio público tiene que pagar lo que ya está presupuestado?
¿Por qué no se han transparentado los recursos?
Si el albergue no tiene comida ni cama, y además ahora comparte edificio con otro programa, la pregunta se vuelve más grave:
¿Se está pagando dos veces por algo que no existe?
Víctimas con rostro.
Lo anterior no es conjetura.
Hay mujeres que ya lo dijeron públicamente.
Daniela, víctima de violencia vicaria, tuvo que cerrar la vialidad frente a la Fiscalía General del Estado para denunciar irregularidades y señalar públicamente presuntos actos de corrupción de la Fiscal de Género.
Es una víctima con nombre y rostro, que tuvo que llegar a la protesta en la calle para ser escuchada.
Priscila es víctima de violencia familiar por parte de su expareja, presuntamente solapada por autoridades municipales de Xicotepec.
En una entrevista en Oro Noticias denunció que fue revictimizada: funcionarios de una Casa Carmen Serdán la tacharon de drogadicta y no la dejaron pasar con el argumento de que presuntamente iba drogada.
¿Dónde quedó la perspectiva de género, “Fiscal de Género”?
¿Este es el modelo que ahora ocupa el edificio del Centro de Justicia?
Tepeyahualco: un “beneficio”
para el agresor.
Velar por el interés superior de las infancias y adolescencias es un derecho humano y una obligación de cualquier Fiscalía de Género.
En Tepeyahualco, una adolescente de 14 años fue abusada sexualmente por un hombre que, según se dice, era profesor.
En la carpeta de investigación 15313/2024 se firmó un procedimiento abreviado, primero por una pena de 8 años.
La madre de la víctima resistió la presión de la Fiscalía para autorizarlo.
Después, según lo denunciado, llegaron incluso a acudir a su domicilio para que firmara uno nuevo, ahora por apenas 4 años.
El juez de control lo rechazó en abril de este año.
La Fiscalía podrá decir que la ley lo permite, y que la madre y su asesora jurídica estuvieron de acuerdo porque firmaron.
Pero el procedimiento abreviado es un beneficio para el imputado: su pena puede reducirse hasta en un tercio de la mínima.
Y el interés superior de la adolescencia no lo tutela solo la asesora jurídica; también lo tutela el Ministerio Público.
¿No es grave que se presione a la madre de una víctima de 14 años para firmar?
Hay otra pregunta de fondo:
¿Los hechos denunciados no alcanzaban para el delito de violación?
El artículo 267 del Código Penal de Puebla castiga ese delito con 10 a 30 años de prisión y una multa de hasta 500 UMAS.
Cuando la víctima es una persona adolescente, la pena se duplica: de 20 a 60 años, además de las agravantes que señala el artículo 269.
Frente a eso, un abreviado por 4 años, ¿a poco no es un gran beneficio?
Como la tarea de todo periodista es preguntar:
¿Por qué se firmó un abreviado en este caso?
¿Se acosó a la víctima y a su madre para que firmaran uno nuevo?
¿Ya fue aprobado?
¿Cuántas carpetas más hay contra este sujeto?
¿Esto es corrupción?
Y ya que hablamos de beneficios:
¿Por qué en la Fiscalía del 120 por ciento hay ministerios públicos realizando funciones de auxiliares?
¿Eso no es también un uso indebido de los recursos humanos?
Trata de personas: cifras frías
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las carpetas de investigación por trata de personas en Puebla fueron 71 en 2023, 41 en 2024, 20 en 2025 y 21 de enero a agosto de 2026.
En total, suman 153 carpetas en cuatro años, sin contar las acumuladas de años anteriores.
Al revisar los boletines que la Fiscalía publicó en sus redes en 2025 y 2026, no aparecen abundantes detenciones ni sentencias por este delito.
¿Por qué se pasó de 71 carpetas a 20?
¿Ya no hay trata en Puebla, o ya no se reciben las denuncias?
¿Las “batean”, como es costumbre?
¿O son cifras que no reflejan la realidad?
Con un universo de al menos 153 carpetas, debería haber movimiento: órdenes de aprehensión cumplidas, vinculaciones a proceso, sentencias condenatorias celebradas en comunicados.
Su ausencia obliga a preguntar cuántas sentencias condenatorias y cuántas absolutorias hubo en 2025 y 2026 por trata, violación, abuso sexual y feminicidio. Cuando los resultados no se publican, es razonable sospechar que lo que hay son absoluciones que nadie quiere anunciar.
Alma Melanie: más de
4 años sin detenido
Alma Melanie tenía 20 años, estudiaba en la BUAP y quería ser médica.
En un principio, su caso quiso presentarse como suicidio; después se clasificó como feminicidio.
Han pasado más de cuatro años y el presunto feminicida sigue sin ser detenido.
Sus padres denuncian que de la carpeta 5820/2021 desapareció la declaración del novio con quien Melanie vivía en la colonia Universidades.
Les cambian de ministerio público constantemente, lo que impide un seguimiento puntual.
Recientemente, el padre quiso comparecer con su abogado para que se le reconociera su calidad de víctima indirecta, y se lo negaron.
Los padres refieren que la Fiscalía permitió que el imputado escapara y que la unidad de feminicidios no los atiende.
Es una lentitud inusual.
Los padres están desesperados, no encuentran justicia y sostienen que puede tratarse de corrupción.
¿Por qué, después de tanto tiempo, no hay un solo detenido?
Tehuacán: por la
puerta de enfrente
El 30 de septiembre se llevó a cabo la audiencia de control de detención contra Efraín, Brenda y Agustín.
Fueron detenidos por un delito diverso relacionado con el feminicidio de Yasmín, la adolescente de 16 años hallada en un contenedor blanco en Tehuacán.
Los tres salieron en libertad.
Un día después, según boletín de la Fiscalía del 1 de octubre, se cumplió una orden de aprehensión en su contra.
La pifia se corrigió rápido, pero se cometió, y en un caso que consternó a toda la sociedad.
¿Fue deficiente el Ministerio Público?
¿Qué responsabilidad tiene la “Fiscal de Género”?
Es el segundo error de septiembre: primero Cuetzalan, ahora Tehuacán.
Dos casos en un mes.
Y los errores van a continuar, no porque se quiera, sino porque en estos asuntos la Fiscalía del 120 por ciento simplemente no puede.
El artículo 17 constitucional garantiza el acceso a la justicia.
Los Centros de Justicia para Mujeres y los subsidios federales que los sostienen existen para hacer realidad ese derecho.
En Puebla, ese derecho se está desmoronando.
Un edificio cambia de nombre de la noche a la mañana y nadie explica por qué.
Dos programas comparten el mismo espacio y nadie dice quién paga qué.
Las víctimas tienen que esperar a que un ministerio público les compre comida en un albergue presupuestado.
Una adolescente abusada ve cómo se negocia a la baja la pena de su agresor.
Unos padres llevan más de cuatro años esperando que detengan al presunto asesino de su hija.
Tres detenidos salen por la puerta de enfrente en un caso que conmocionó a todo un estado.
No son descuidos aislados.
Es un patrón.
Y ese patrón tiene una responsable con nombre y apellido: Karla Michell Salas Sánchez.
Una Fiscal de Género que no protege a las mujeres, que revictimiza a quienes acuden a ella y que no rinde cuentas del dinero que recibe no es Fiscal de Género.
Es un obstáculo entre las víctimas y la justicia.
Y hay un nombre que la persigue y del que la Fiscalía prefiere no hablar: Israel Cruz. Como se ha señalado en las dos entregas anteriores, Israel Cruz es su pareja, y hasta el día de hoy la Fiscalía no ha dado una sola explicación sobre él.
¿Qué papel juega en las decisiones de la Fiscalía de Género?
¿Por qué tanto silencio?
¿A quién protege la Fiscal de Género: a las víctimas o a su pareja?
La Fiscalía tiene una sola salida: transparentar.
Debe decir cuánto recibe el Centro de Justicia, cuánto recibe la Casa Carmen Serdán, cuánto personal tiene cada uno y en qué se gasta cada peso.
Si no hay nada que ocultar, no debería costar trabajo.
Si se niega, el silencio será la respuesta.
La Fiscal General del Estado y la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal ya no pueden alegar que no lo saben.
Cada día que guardan silencio, se vuelven cómplices.
Platón lo dijo hace más de dos mil años: aceptar un cargo para el que no se está preparado es el primer acto de corrupción.
Karla Michell Salas Sánchez lleva demasiado tiempo demostrando que no está preparada.
Las mujeres de Puebla no pueden seguir pagando el precio.
¿Cuántas víctimas más tienen que quedarse sin justicia para que alguien la remueva del cargo?
Y no me puedo ir sin mencionar lo lamentable que resulta escuchar a la fiscal general del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, explicar que la institución cuenta únicamente con cuatro unidades para realizar levantamientos de cuerpos. El domingo 4 de octubre ofreció una disculpa por la demora en el caso de María Fernanda, cuyo padre denunció más de doce horas de espera. Una familia frente al cuerpo de su hija merece una respuesta inmediata. Ninguna disculpa devuelve esas horas de angustia.
En las entregas anteriores ya advertimos otro problema: el debilitamiento del personal especializado. Según los testimonios recabados para esta columna, durante la gestión de Karla Michelle Salas Sánchez han salido o sido reasignados ministerios públicos con experiencia en la investigación de feminicidios, mientras sus lugares han sido ocupados por personal cuya preparación para atender estos casos ha sido cuestionada.
La fiscal general debe explicar qué hizo para atender esas advertencias. La titular de la Fiscalía de Género debe responder por los movimientos de personal y acreditar la preparación de quienes llegaron a sustituirlo. La experiencia que se pierde dentro de una Fiscalía puede convertirse en una investigación deficiente, una prueba desaprovechada y una oportunidad de justicia que desaparece.
¿Qué culpa tienen las víctimas de la falta de vehículos, de personal y de decisiones responsables? ¿Por qué sus familias deben pagar las consecuencias de una institución que presume resultados extraordinarios mientras no garantiza siquiera una atención oportuna? ¿De qué sirve hablar de una efectividad del ciento veinte por ciento si una familia tiene que esperar más de doce horas para que levanten el cuerpo de su hija?
Aquí cierro esta entrega. En la cuarta escucharemos a las víctimas, a través de las entrevistas que estoy preparando. Porque detrás de cada carpeta hay una vida y una familia que merece ser escuchada.
¿También frente a ellas la Fiscalía va a responder con una disculpa?
A usted que me escucha y me lee, le agradezco su generosidad al acompañarme en esta columna. Y le ofrezco una disculpa si la indignación se me desborda, pero me resulta ofensivo que, frente al dolor de las víctimas, las autoridades respondan con excusas. La injusticia me indigna porque cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestras familias, podría necesitar mañana una respuesta de esa Fiscalía.
Espero que ambas fiscales comprendan la responsabilidad que tienen en sus manos y hagan su trabajo con capacidad, inteligencia y rectitud. Las víctimas merecen justicia y sus familias, un trato digno.
